Los conductores de motocicletas representan cerca del 70% de los casos de tránsito que llegan a los tribunales de Paz de Tránsito en República Dominicana, en medio de una creciente crisis vial marcada por la falta de educación ciudadana, escasa fiscalización y limitaciones estructurales del sistema judicial.
Así lo afirmó la magistrada Katerine A. Rubio, jueza de la Primera Sala del Juzgado de Paz de Tránsito del Poder Judicial, quien sostuvo que el principal problema del tránsito en el país no radica en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sino en la ausencia de mecanismos efectivos de control y prevención por parte del Estado.
“Actualmente el Estado dominicano no tiene mecanismos efectivos de control para evitar que una persona ande conduciendo sin licencia y sin seguro”, expresó Rubio en entrevista concedida a elDinero.
Según datos del Poder Judicial solicitados por elDinero vía la Oficina de Acceso a la Información Pública (SAIP), durante 2025 los tribunales de Paz de Tránsito recibieron 24,993 expedientes relacionados con la Ley 63-17 y procesaron 1,480 solicitudes de medidas de coerción. Sin embargo, apenas se registraron 219 condenas.
La magistrada explicó que no todos los expedientes corresponden a accidentes, ya que gran parte de los casos están vinculados a infracciones de tránsito, multas, impugnaciones y solicitudes de prescripción de sanciones.
“No todo expediente va a juicio de fondo para una condena. Hay casos por infracciones simples, como cruzar un semáforo en rojo, que terminan únicamente en multas”, indicó.
Rubio señaló que muchos ciudadanos esperan que transcurra el tiempo legal para solicitar la prescripción de multas y evitar el pago de las sanciones, lo que incrementa significativamente el volumen de expedientes que manejan los tribunales.
Pese a la alta carga procesal, destacó que en 2025 los tribunales lograron dar salida a 24,705 expedientes, equivalente al 98.8% de los casos recibidos.
No obstante, advirtió que el sistema enfrenta importantes limitaciones, especialmente por la escasez de jueces de paz. Explicó que actualmente existen apenas 101 jueces de paz en el país, una cantidad insuficiente para responder al creciente número de casos vinculados al tránsito.
“Sí hacen falta jueces de paz”, afirmó la magistrada, tras señalar que estos profesionales egresan de la Escuela Nacional de la Magistratura con la preparación necesaria para abordar este tipo de procesos.
La jueza indicó que los casos de accidentes fatales o con lesiones graves suelen prolongarse debido a problemas en las notificaciones, direcciones incorrectas, errores en la recolección de pruebas y aplazamientos derivados del cumplimiento del debido proceso.
Aclaró que estos expedientes no quedan en un “limbo judicial”, sino que los retrasos responden a exigencias establecidas en el Código Procesal Penal. “Mientras no se cumplan las formas procesales no podemos conocer el caso. Si una víctima o un imputado no está debidamente citado, necesariamente habrá un aplazamiento”, explicó.
Rubio sostuvo además que las penas por accidentes fatales rara vez superan los tres años de prisión, debido a que la legislación dominicana considera estos hechos como negligencias y no como actos intencionales. Precisó que conducir bajo los efectos del alcohol o drogas constituye un agravante que queda a valoración del juez al momento de imponer la pena.
La magistrada insistió en que el endurecimiento de sanciones no resolverá la problemática sin una transformación cultural basada en la educación vial y la prevención. “Tenemos que buscar la forma preventiva y esta viene a través de la educación vial, que es lo que actualmente hace mucha falta en República Dominicana”, expresó.
Asimismo, consideró urgente fortalecer la señalización de las vías, modernizar los sistemas de identificación y monitoreo vehicular y mejorar la capacitación de las autoridades encargadas de fiscalizar el tránsito.
Debilidades en recolección de pruebas de tránsito
Rubio también alertó sobre las debilidades en la recolección de pruebas en accidentes de tránsito, al señalar que errores en los levantamientos pueden afectar el desarrollo de los procesos judiciales. “Si las pruebas no se levantan conforme a la norma, pueden producirse errores en la valoración judicial”, indicó.
La magistrada subrayó que el país necesita avanzar hacia políticas preventivas y modelos de control más eficientes, similares a los implementados en otros países donde existe mayor supervisión estatal sobre el parque vehicular y las infracciones de tránsito.
