El presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), Eliseo Cristopher, ve “favorable” el plan fiscal anticrisis sometido por el Poder Ejecutivo y aprobado en el Congreso Nacional, el cual establece el traspaso a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) los recursos administrados por el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (Fopetcons).
Cristopher indicó que la entidad conoció la disposición a través de una publicación realizada por elDinero, lo que calificó como una sorpresa positiva para el sector, al considerar que estos fondos debieron haber sido integrados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) desde la entrada en vigor de la Ley 87-01, en el año 2001.
Manifestó que el fondo maneja recursos importantes, al señalar que su presupuesto este año asciende a alrededor de RD$2,238 millones, los cuales, a su juicio, deben ser administrados con mayor transparencia. Subrayó que, aunque existe una instancia de supervisión, en la práctica no está claro cómo se gestionan esos recursos.
Explicó que el fondo se financia con el 1% del valor de todas las construcciones públicas y privadas del país, además de un 1% del salario de los trabajadores del sector. A esto se suma que los empleadores también cotizan a la seguridad social con el 17% de la nómina de sus trabajadores.
Sostuvo que esta situación provoca una doble tributación, ya que las empresas realizan aportes tanto al SDSS como al Fopetcons.
Cristopher consideró que ya era necesario que el Estado interviniera para corregir esta situación, al señalar que la Ley 6-86 debió haber sido adaptada o eliminada hace más de dos décadas tras la creación del sistema de seguridad social.
Manifestó que la medida contribuiría a un manejo más transparente de los recursos y a dinamizar el sector construcción, con un impacto económico que podría superar el 1% en los costos de las obras, lo que beneficiaría principalmente a los segmentos más vulnerables.
Vivienda de bajo costo
El dirigente del sector construcción destacó que el impacto sería particularmente positivo en el segmento de viviendas de bajo costo, donde la reducción de cargas tiene un efecto directo en la estructura de precios y en el acceso de las familias a soluciones habitacionales.
Explicó que la eventual eliminación de esta doble contribución permitiría un ahorro superior al 1% en los presupuestos de construcción, tanto en obras públicas como privadas, lo que podría trasladarse a una reducción del costo final de las viviendas.
