La recién promulgación de la Ley 30-26, orientada a incrementar la recaudación fiscal de entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, mediante nuevas cargas impositivas a distintos sectores económicos, incluyendo la industria de casinos y bancas de apuestas, que contempla alzas de hasta un 243% en algunos impuestos, lo cual podría tener un posible impacto en los procesos de formalización y cumplimiento regulatorio.
Así lo advirtió la abogada especializada en cumplimiento normativo y prevención del lavado de activos, Laritza Ferreiras Fernández, al considerar que, aunque el Estado tiene la facultad de implementar políticas tributarias para fortalecer los ingresos públicos y promover el crecimiento económico, resulta pertinente analizar cómo un aumento significativo de impuestos podría incidir en un sector que aún enfrenta retos importantes en materia de regularización.
Según explicó, uno de los principales riesgos es que una mayor carga fiscal incentive la permanencia o el retorno a la informalidad de operadores que todavía no han completado su proceso de adecuación a las exigencias regulatorias vigentes.
Laritza Ferreiras Fernández.
Ferreiras señaló que en los últimos años las autoridades han impulsado iniciativas para incorporar al sistema formal a casinos y bancas de lotería que operaban al margen de los requisitos establecidos, incluyendo la adopción de programas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En ese contexto, destacó el trabajo desarrollado por la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda para fortalecer la cultura de cumplimiento dentro de la industria. Entre las medidas citó la implementación de la Resolución 217-2025, que establece requisitos obligatorios de idoneidad y capacitación certificada para los participantes del sector.
Asimismo, resaltó la futura alianza con la Florida International Bankers Association (FIBA) para desarrollar un programa de Certificación en Antilavado de Dinero (AMLZA-Juegos de Azar) adaptado al mercado dominicano.
A juicio de la especialista, estas iniciativas evidencian que la industria se encuentra en una etapa de fortalecimiento institucional y adaptación regulatoria, por lo que cualquier modificación tributaria debería tomar en consideración ese proceso.
“Cualquier reforma tributaria debería considerar este contexto y procurar un equilibrio entre los objetivos recaudatorios y la sostenibilidad de las empresas que están realizando inversiones para adecuarse a las exigencias legales”, expresó la abogada a elDinero.
Ferreiras recordó que la industria de juegos de azar es considerada internacionalmente una actividad con alta exposición a riesgos de lavado de activos, por lo que entiende que la formalización y el fortalecimiento de los controles deben mantenerse entre las prioridades del sector y de las autoridades.
En ese sentido, advirtió que una presión fiscal elevada podría generar efectos no deseados sobre los avances alcanzados en materia de cumplimiento normativo y regularización de operadores.
Por ello, planteó que cualquier incremento de la carga tributaria podría aplicarse de forma gradual y escalonada, permitiendo que las empresas se adapten a las nuevas obligaciones sin afectar la estabilidad del sector ni los procesos de adecuación regulatoria en marcha.
La Ley 30-26 fue promulgada por el presidente Luis Abinader tras su aprobación en el Congreso Nacional y forma parte de un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la estabilidad económica, simplificar aspectos fiscales y mitigar los efectos de la crisis internacional.
De acuerdo con lo informado por el Gobierno, la nueva legislación busca generar alrededor de RD$50,000 millones adicionales para el Presupuesto General del Estado mediante el incremento de la carga tributaria en distintos sectores económicos, entre ellos casinos y bancas de apuestas.
Massiel de Jesús, periodista coordinadora de la sección Finanzas Personales del periódico elDinero. Se ha especializado en periodismo de investigación, datos, economía, medioambiente y turismo. Es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Magna Cum Laude; cuenta con una maestría en Marketing Digital y Redes Sociales, de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Cuenta con un diplomado en Periodismo de Investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y la Embajada de Estados Unidos en el país. Así como diplomados en finanzas y relaciones públicas, del Ministerio de Hacienda y la Universidad Dominico-América, respectivamente. Ha trabajado para varios medios digitales e impresos de circulación nacional como elCaribe, El Nuevo Diario y actualmente elDinero. Sus trabajos han sido merecedores de múltiples premios nacionales.
