La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) manifestó su preocupación por la aprobación, en segunda lectura, del proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que la iniciativa requiere un análisis técnico más amplio y ajustes que eviten afectar la competitividad del sector.
La organización sostuvo que le preocupa que una legislación de esta relevancia vuelva a ser objeto de modificaciones pocos meses después de su reforma, sin que se haya desarrollado un proceso de evaluación técnica, participativo y suficientemente deliberado que permita medir sus implicaciones y construir los consensos que demanda una normativa de esta naturaleza.
Adozona también planteó la necesidad de revisar las disposiciones aplicables al régimen de zonas francas. Explicó que, en virtud de la Ley 8-90, las empresas operadoras de parques de zonas francas ya están obligadas a instalar y mantener las facilidades necesarias para el manejo de los residuos generados “tanto por ellas como por las empresas que operan en sus instalaciones”.
Asimismo, indicó que el mecanismo de deducibilidad contemplado en las modificaciones aprobadas no genera el mismo efecto para las empresas acogidas a la Ley 8-90, debido a que, por las características de ese régimen, no pueden realizar deducciones del impuesto sobre la renta (ISR). A juicio de la entidad, esta situación las coloca en una posición de desventaja competitiva frente a empresas de otros países de la región.
La asociación afirmó que las legislaciones con alto impacto económico y regulatorio deben fundamentarse en evidencia técnica, promover la participación de los sectores involucrados y fortalecer la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y la confianza de los actores productivos.
Finalmente, Adozona reiteró su disposición de continuar colaborando con las autoridades en la construcción de un marco jurídico que fortalezca la gestión integral de los residuos sólidos mediante el diálogo y la búsqueda de consensos, al tiempo que contribuya a la sostenibilidad ambiental, la competitividad y el desarrollo económico del país.
