La primera parte de este artículo mostró que el mercado de dinero dominicano no cambió de naturaleza, sino de escala y de efectos. La deuda pública, los instrumentos del Banco Central, los fondos de inversión, los portafolios institucionales y las operaciones de liquidez forman hoy un circuito más amplio. Esa transformación abre una oportunidad de desarrollo financiero, pero también plantea una exigencia mayor: la política monetaria, la política fiscal, la supervisión financiera y la generación de divisas deben leerse de manera coordinada.
La política monetaria también opera en un entorno más complejo. Ya no basta con mirar la Tasa de Política Monetaria como si el mecanismo de transmisión fuera lineal. El Banco Central fija una referencia, pero esa señal pasa por un mercado con más instrumentos, más balances, más administradores de recursos, más operaciones de liquidez y más precios financieros relevantes.
Además, el Banco Central no fija la tasa de política monetaria en un espacio cerrado. En una economía abierta, con vínculos financieros y comerciales estrechos con Estados Unidos, la tasa de la Reserva Federal funciona como referencia externa. La relación no es mecánica, pero sí secuencial: la Reserva Federal mueve primero el precio del dólar; los bancos centrales de países que no emiten moneda de reserva deben responder dentro de ese marco. En términos de teoría de juegos, opera una lógica cercana al equilibrio de Stackelberg: un líder fija una condición inicial y el seguidor elige su mejor respuesta, tomando esa decisión como dada.
Para la República Dominicana, esa respuesta debe equilibrar varias variables. Si la tasa de política monetaria dominicana se ubica en 5.75% y el rango de fondos federales de Estados Unidos está en 3.50%–3.75%, el diferencial nominal frente al dólar es de aproximadamente 200 a 225 puntos básicos. Ese margen no es arbitrario. Incorpora riesgo país, riesgo cambiario, expectativas de depreciación, liquidez local y costo de oportunidad para los inversionistas. Si el diferencial se reduce demasiado, puede aumentar la presión sobre el tipo de cambio o incentivar salidas de capitales. Si se amplía en exceso, puede encarecer el crédito, elevar el costo financiero y afectar la actividad económica.
Ese cambio multiplica los canales de transmisión. La Tasa de Política Monetaria influye en la tasa interbancaria, las tasas pasivas, las tasas activas, los rendimientos de títulos públicos y el costo de financiamiento de empresas y hogares. También afecta precios de bonos, duración de portafolios, ganancias o pérdidas de valoración e incentivos de compra o venta de títulos.
Los valores públicos usados en reportos, recompras y operaciones de liquidez determinan cuánto financiamiento puede obtener un intermediario y a qué costo. Fondos de pensiones, fondos de inversión, bancos y aseguradoras reasignan recursos entre títulos del Gobierno, instrumentos del Banco Central, depósitos, crédito privado y otros activos. La credibilidad fiscal y monetaria afecta primas de riesgo, demanda por moneda local, expectativas de inflación y percepción de sostenibilidad. Y el canal cambiario conecta tasas, liquidez y expectativas con la demanda de divisas, el tipo de cambio y el traslado de depreciaciones a precios internos.
Lo que se transmite por esos canales no es una sola variable. Se transmiten tasas de interés, liquidez, primas de riesgo, precios de bonos, duración de portafolios, disponibilidad de garantías, costo de fondeo, volumen de crédito, preferencia por moneda, expectativas de inflación, presión cambiaria y rentabilidad de los instrumentos financieros. Por eso una decisión monetaria no termina en la tasa anunciada por el Banco Central. Recorre balances, portafolios, contratos, garantías, precios de mercado y decisiones de ahorro e inversión.
La coordinación entre Hacienda y Banco Central adquiere mayor importancia. Hacienda emite títulos para financiar al Gobierno; el Banco Central emite instrumentos para administrar liquidez, sostener la estabilidad monetaria y el cuasi-fiscal. Cuando ambos tipos de instrumentos ocupan una parte central del mercado, sus decisiones interactúan. La política fiscal influye en la curva de rendimientos, la oferta de títulos y la percepción de riesgo soberano. La política monetaria influye en el costo de esos instrumentos, su valoración y su atractivo frente al crédito privado.
El frente externo ofrece cierto margen, pero no sustituye la disciplina interna. Las reservas internacionales brutas se situaban en US$15,771.1 millones en mayo de 2026 y las reservas netas en US$15,766.6 millones. El déficit de cuenta corriente se redujo a 1.2% del PIB en 2025, desde 3.0% en 2024 y 3.7% en 2023. Ese colchón compra tiempo y reduce vulnerabilidad externa, pero no elimina los riesgos.
La crisis en Oriente Medio ha vuelto a elevar la volatilidad del petróleo y ha colocado el Brent en niveles cercanos a US$90–100 por barril. Para una economía importadora de combustibles, un petróleo más caro aumenta la factura petrolera, presiona la demanda de divisas, puede deteriorar la balanza de pagos y trasladarse a costos internos. Por eso las reservas son una protección, no un sustituto de una trayectoria fiscal creíble, una política monetaria prudente y una supervisión financiera preventiva.
La inflación también exige cuidado sin sobrerreacción. En abril de 2026, la inflación interanual fue 5.11% y la subyacente 4.87%, cerca del límite superior del rango meta de 4.0% ± 1.0%. El crédito privado crecía 8.5% interanual en mayo y 9.1% en moneda nacional. Estos datos no describen una emergencia, pero sí confirman que la autoridad monetaria debe cuidar expectativas, crédito, liquidez y tipo de cambio al mismo tiempo.
De este diagnóstico surge una agenda práctica. Primero, una trayectoria fiscal creíble, con evaluación transparente de deuda, intereses y vencimientos, en un país donde la presión tributaria ronda 14.1% del PIB.
Segundo, una gestión de pasivos que mire moneda, plazo, tasa, jurisdicción, acreedores, tenedores institucionales y uso de instrumentos públicos como garantía. Tercero, una política monetaria que reconozca un mercado con más balances, más instrumentos, más fondos, más derivados y más canales de transmisión, pero también un diferencial de tasas frente al dólar que debe cuidar inflación, liquidez, expectativas, tipo de cambio y costo del crédito.
Cuarto, una coordinación más estrecha entre Hacienda y Banco Central. Quinto, una supervisión financiera que observe concentración, liquidez, valoración, uso de garantías, duración de portafolios y calidad de información. Sexto, una estrategia de fondos de inversión y fideicomisos que conecte más ahorro institucional con activos productivos de largo plazo. Séptimo, un mercado de capitales con más emisores privados, más proyectos estructurados y más instrumentos capaces de financiar inversión real.
La estabilidad externa no se protege solo con reservas ni con acceso a financiamiento. También requiere una economía capaz de generar divisas, elevar productividad y sostener empleos formales. Turismo, zonas francas, remesas, inversión extranjera, minería, agroindustria, servicios modernos, energía, logística e industria deben mirarse como parte de una misma cuestión: cómo aumentar la capacidad del país para generar ingresos externos sin depender de pocas fuentes ni de condiciones que no controla.
Nada de esto exige que la República Dominicana anticipe con certeza el rumbo del sistema monetario internacional. Exige prepararse para escenarios en los que el financiamiento sea menos barato, la liquidez más selectiva y los errores internos más costosos. Si el mundo ofrece menos garantías comunes, el país debe reducir los riesgos que dependen de decisiones improvisadas.
La serie ha sostenido que el problema no es solo el dólar, sino la gobernanza del poder que lo rodea. Para la República Dominicana, la traducción es concreta: cuando las garantías externas pesan menos, la confianza interna vale más. Esa confianza no se decreta. Se acumula en presupuestos realistas, deuda bien administrada, reservas suficientes, regulación preventiva, información de mercado, coordinación entre Hacienda y Banco Central, instituciones que cumplen y una economía capaz de producir divisas con mayor productividad.
El siguiente artículo debe entrar en el terreno institucional. Si la política económica dominicana necesita más confianza para operar en un entorno menos favorable, la cuestión ya no es general. Hay que identificar dónde se construye esa confianza: en la regla fiscal, en el presupuesto, en la gestión de deuda, en la supervisión financiera, en la coordinación del Estado, en la calidad de la información y en la capacidad de sostener compromisos más allá del ciclo político.
