Por: Fidel Lorenzo
La transformación y modernización de la Policía Nacional atraviesan un momento que merece una evaluación seria. A pesar de los esfuerzos anunciados y de los recursos invertidos, la percepción ciudadana es que el proceso avanza con demasiada lentitud y que los cambios aún no se reflejan de manera consistente en la actuación cotidiana de los agentes.
Muchos ciudadanos siguen percibiendo una institución distante, con escasa empatía hacia la población y con limitaciones para prevenir, gestionar y resolver conflictos mediante procedimientos profesionales. La confianza pública se fortalece cuando la autoridad actúa con cercanía, respeto a la dignidad humana y estricto apego a la ley.
Especial preocupación generan los casos en que ciudadanos pierden la vida en intervenciones policiales sin que medie un debido proceso judicial. En un Estado de derecho, el uso legítimo de la fuerza debe estar siempre sometido a la Constitución, la ley y los principios de necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. Ninguna estrategia de seguridad será sostenible si no está acompañada del respeto a los derechos fundamentales.
El hecho de que el presidente haya asumido personalmente la coordinación de la Fuerza de Tarea para la Seguridad Ciudadana demuestra la importancia que el Gobierno concede a este tema. Sin embargo, también resulta legítimo preguntarse si el proceso de reforma policial mantiene el dinamismo esperado y si los mecanismos creados para impulsarlo están cumpliendo plenamente su misión.
Es justo reconocer el esfuerzo que realiza la desde el Ministerio de Interior y Policía para fortalecer las políticas de seguridad ciudadana. Su gestión requiere el respaldo de todos los sectores comprometidos con la paz, porque la seguridad es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad.
No obstante, respaldar la política de seguridad también implica exigir resultados. Por ello, resulta impostergable una evaluación integral del desempeño de la Policía Nacional, desde el personal alistado hasta el director general. La profesionalización exige medir resultados, corregir debilidades, reconocer méritos y separar de la institución a quienes no estén comprometidos con los principios de la reforma.
La transformación policial no puede quedarse en decretos, discursos o cambios administrativos. Debe reflejarse en la conducta diaria de cada agente, en el respeto a los derechos ciudadanos, en la eficiencia operativa y en la recuperación de la confianza de la población.
Si una parte importante del cuerpo policial mantiene resistencia al cambio, corresponde al liderazgo institucional identificar las causas, fortalecer la capacitación y asegurar que la cultura organizacional evolucione hacia un modelo de servicio público moderno, transparente y cercano a la ciudadanía. La reforma de la Policía Nacional no admite pausas: es una necesidad urgente para consolidar la seguridad, la justicia y el Estado de derecho en la República Dominicana.
