Durante décadas, los países competían por atraer inversión extranjera ofreciendo menores costos laborales, incentivos fiscales o abundante disponibilidad de recursos naturales. Hoy, esa lógica está cambiando.
En un contexto marcado por tensiones geopolíticas, conflictos comerciales, interrupciones en las cadenas globales de suministro y un creciente proceso de nearshoring y friendshoring, el capital internacional ya no busca únicamente dónde producir más barato; busca, sobre todo, dónde invertir con mayor confianza.
No es casualidad que, durante el Americas Investment Forum, cerrando con promesas de inversión extranjera por más de US$4,000 millones, una de las palabras más repetidas por inversionistas, organismos multilaterales y representantes del sector privado fuera precisamente esa “confianza”, porque, al final, la inversión no se mueve únicamente hacia donde existen oportunidades; se dirige hacia donde existen reglas claras, instituciones sólidas y mecanismos que reduzcan la incertidumbre.
La República Dominicana parece haber entendido ese nuevo lenguaje. En 2025 el país alcanzó un récord histórico de US$5,032 millones en inversión extranjera directa (IED), un crecimiento de 11.3% respecto al año anterior y el cuarto año consecutivo estableciendo máximos históricos. Más importante aún, mientras buena parte del mundo experimenta un entorno de desaceleración e incertidumbre, el país continúa consolidándose como uno de los principales destinos de inversión del Caribe y Centroamérica.
Sin embargo, el verdadero desafío no consiste en celebrar los récords alcanzados, sino en preguntarnos cómo mantener esa tendencia durante la próxima década. La respuesta probablemente no se encuentre únicamente en nuevos incentivos fiscales o en reducir aún más los costos de producción. La ventaja competitiva del futuro será institucional.
Las zonas francas representan un excelente ejemplo de ello. Durante más de cincuenta años han permitido convertir a la República Dominicana en una plataforma regional para la manufactura, dispositivos médicos, productos farmacéuticos y servicios de exportación. Solo en 2024 captaron US$417 millones en IED, el nivel más alto registrado para ese sector, mientras las empresas establecidas bajo este régimen generaron exportaciones cercanas a US$8,900 millones, consolidando al país como un referente regional.
Pero incluso el éxito de las zonas francas responde a un elemento mucho más profundo que los incentivos tributarios. Responde a la existencia de reglas estables, infraestructura adecuada y seguridad jurídica. En otras palabras, responde a la confianza y es precisamente ahí donde el fideicomiso puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para la siguiente etapa de desarrollo económico del país.
Con frecuencia se describe al fideicomiso como un simple vehículo de administración patrimonial. En realidad, su mayor aporte es mucho más trascendental: convierte la confianza en una estructura jurídica al separar los activos del patrimonio de las partes, establecer reglas previamente definidas para la administración de los recursos, crear mecanismos de supervisión y limitar la discrecionalidad en la toma de decisiones, el fideicomiso reduce significativamente la percepción de riesgo para los inversionistas.
Cuando esa figura se aplica al ámbito público, su impacto es aún mayor. Uno de los principales temores de cualquier inversionista institucional consiste en la incertidumbre política. Los cambios de administración, las modificaciones en prioridades gubernamentales o la utilización discrecional de recursos suelen incrementar el costo del capital y reducir el interés de inversión.
El fideicomiso público ayuda precisamente a mitigar esos riesgos al crear un patrimonio autónomo sujeto a reglas previamente pactadas, con órganos de gobernanza, mecanismos de control y una administración profesional independiente.
No es casualidad que varios países de la región por más de 100 años hayan utilizado estructuras fiduciarias para desarrollar infraestructura, administrar concesiones, ejecutar alianzas público-privadas y canalizar inversiones estratégicas. Colombia ha convertido los patrimonios autónomos en un componente esencial de sus proyectos de infraestructura; Perú los utiliza ampliamente en asociaciones público-privadas y concesiones; Mientras que otras economías han desarrollado vehículos equivalentes para aislar riesgos, fortalecer la gobernanza y ofrecer mayor certeza al inversionista.
En un escenario donde los inversionistas evalúan cada vez más la calidad institucional de los países antes que únicamente sus incentivos fiscales, el fideicomiso deja de ser una herramienta jurídica especializada para convertirse en un verdadero instrumento de competitividad nacional.
Quizás esa sea una de las principales lecciones que deja el actual ciclo económico internacional. La inversión extranjera ya no compite únicamente entre países; compite entre instituciones. Y las instituciones capaces de generar mayor confianza atraerán mayor capital, mejores proyectos y empleos de mayor calidad.
La República Dominicana ya posee ventajas importantes: estabilidad macroeconómica, ubicación geográfica privilegiada, un régimen exitoso de zonas francas y un entorno favorable para los negocios. El siguiente paso consiste en fortalecer aquellos mecanismos que permitan transformar esa estabilidad en confianza permanente.
Porque, al final, la confianza no es un concepto abstracto, es un activo económico y en el mundo actual, probablemente sea el activo más valioso para atraer inversión.
