La falta de agua, las lluvias intensas, el calor extremo, las tormentas y los terremotos no responden a una misma causa. Sin embargo, comparten una consecuencia: ponen a prueba la capacidad para proteger vidas, infraestructura, producción y patrimonio.
El terremoto en Venezuela volvió a recordarlo: un evento natural puede convertirse en presión fiscal, daño productivo y retroceso social.
El fenómeno de El Niño responde a la variabilidad climática natural; el cambio climático puede amplificar ciertos riesgos; y los terremotos obedecen a dinámicas geológicas. La lectura económica común está en otro lugar: el costo final depende de la vulnerabilidad acumulada antes del evento.
La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, siglas en inglés) declaró en junio condiciones de El Niño y anticipó su fortalecimiento hacia el invierno del hemisferio norte 2026-2027.
Sus efectos no operan como un choque uniforme, sino mediante canales específicos: agua, energía, agricultura, infraestructura, precios y actividad, con impactos distintos según territorio y sector. Esa lectura sirve para América Latina. En una región de bajo crecimiento, alta informalidad, expansión urbana desordenada y espacio fiscal limitado, el riesgo no puede mirarse solo desde la emergencia. Una sequía puede presionar alimentos; una lluvia intensa, la movilidad urbana; el calor extremo, la productividad; y una vivienda vulnerable, el patrimonio de una familia que quizás tarde años en recuperarse.
En el Caribe, la temporada ciclónica exige atención especial. Aunque los pronósticos apunten a una temporada menos activa por efecto de El Niño, menor frecuencia no significa ausencia de riesgo. Para una economía insular, turística, urbana y agrícola, una sola tormenta puede afectar infraestructura, energía, agua, transporte, agricultura y hogares.
República Dominicana no parte de cero: cuenta con marco legal de gestión de riesgos, instituciones de respuesta, alertas tempranas y coordinación operativa. El siguiente paso es convertir esa capacidad de respuesta en una política preventiva más sistemática, medible y financiada.
Eso exige llevar el riesgo al presupuesto y a la inversión pública. Los mapas de riesgo deben orientar dónde construir, qué obras priorizar y qué permisos aprobar.
El mantenimiento de drenajes, puentes, escuelas, hospitales y sistemas de agua debe pesar tanto como la obra nueva. También se requiere gestión de cuencas, riego eficiente, protección social adaptable y cumplimiento de códigos de construcción.
Financiar mejor el riesgo es parte de esa agenda: seguros agropecuarios, cobertura de infraestructura pública, fondos de contingencia, instrumentos catastróficos y mecanismos para transferir parte del riesgo antes del daño.
La prevención necesita indicadores. No basta medir cuántas alertas emitidas o recursos movilizados después de un evento. También importa saber cuántas infraestructuras críticas fueron reforzadas, cuánto mantenimiento se ejecutó a tiempo, cuántas comunidades redujeron su exposición y cuánto daño económico se evitó.
Prevenir no elimina el riesgo. Lo administra mejor.
En un país expuesto a sequías, lluvias extremas, huracanes y terremotos, administrar mejor el riesgo es proteger desarrollo antes de que llegue convertido en emergencia, reconstrucción y pérdida de oportunidades.
