República Dominicana recibió dos malas noticias en la última semana con un impacto directo en el comercio exterior: Estados Unidos comunicó dos decisiones que han puesto en apuros a sectores exportadores clave de bienes agrícolas e industriales locales, aunque no tanto al de las zonas francas.
El golpe más contundente que República Dominicana recibió de las autoridades comerciales de Estados Unidos, por su impacto en diversos sectores exportadores, fue la imposición de un arancel de 12.5% porque, supuestamente, el país está entre las economías que no establecen ni aplica eficazmente la prohibición de importar mercancías (materias primas) producidas con trabajo forzoso.
Esta decisión del gobierno estadounidense obligó al presidente Luis Abinader a emitir el Decreto 502-26, mediante el cual establece el procedimiento administrativo para prevenir, identificar y restringir la importación de mercancías, productos y bienes producidos, total o parcialmente, mediante trabajos forzosos, que promete fortalecer la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por República Dominicana.
La decisión del gobierno de Donald Trump fue comunicada el 23 de julio a través de un comunicado del Departamento de Comercio, cuyo secretario, Jamieson Greer, explicó que la medida se adoptó en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
“El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han logrado erradicar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro mundiales. Estados Unidos ha mantenido una prohibición de importar productos fabricados con trabajo forzoso durante casi un siglo y la aplica rigurosamente. Ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, declaró Greer.
Distorsión
De acuerdo con el Departamento de Comercio, la medida comenzará a corregir lo que constituye tanto una violación de los derechos humanos como una práctica comercial distorsionadora, con el fin de mejorar el bienestar de los trabajadores en todas partes.
El funcionario expresó su satisfacción al ver que algunos socios comerciales habían actuado con rapidez para adoptar prohibiciones a la importación de productos derivados del trabajo forzoso, aunque advirtió que espera que esas prohibiciones se apliquen eficazmente.
Pero a República Dominicana no sólo le tocó el 12.5% impuestos por la administración Trump por carecer de políticas claras para evitar la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso. Las autoridades fitosanitarias de Estados Unidos prohibieron la importación de mangos dominicanos, un sector cuyo 26.7% de las exportaciones tiene como destino el mercado estadounidense.
Según el Ministerio de Agricultura, en los últimos cinco años (2021-2025) las exportaciones locales de mango generaron US$200.6 millones, de las cuales US$53.6 millones fueron hacia Estados Unidos.
El mango
Las autoridades dominicanas reconocieron que desde 2023 el Servicio de Inspección para Sanidad Animal y Vegetal de los Estados Unidos (APHIS) venía advirtiendo sobre los efectos de la mosca de la fruta, luego de las auditorías que constantemente hace a las fincas locales. A partir de la decisión, todo indica que en los últimos tres años no se adoptaron medidas al respecto y eso dio como resultado la prohibición de importación.
Respecto al trabajo forzoso, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL, siglas en inglés) establece bajo este esquema se producen bagazo, furfural, melaza, azúcar crudo, azúcar refinado, ron; productos de panadería, café, arroz, caña de azúcar, tomates, bebidas alcohólicas, dulces, alimentos procesados, productos y piensos de origen animal, papel, celulosa, materiales de construcción, biocombustibles, productos químicos industriales, medicamentos, alcohol medicinal y otros.
Partiendo de los datos de Aduanas, República Dominicana exporta a Estados Unidos el 92.5% del azúcar de caña producida y 7.2% hacia Puerto Rico, territorio que también se rige bajo las leyes estadounidenses, por lo que afecta el 99.7% de las exportaciones de este producto. La industria está incluida en la Lista de Bienes Producidos con Trabajo Infantil o Trabajo Forzoso de 2024, en la que se enumera la caña de azúcar dominicana desde 2009 y que incluye alrededor de 200 productos de 80 países.
Según el USDOL, la actualización de 2024 revela el alcance geográfico de la explotación laboral, destacando nuevas incorporaciones de todas las regiones del mundo, incluidas 21 de países africanos, 10 del hemisferio occidental y 8 de Europa.
Destaca que Asia sobresale por registrar la mayor concentración, con 33 incorporaciones de nueve países, lo que subraya el papel de la región en las cadenas de suministro mundiales. Entre ellas figuran 12 incorporaciones de China, donde el trabajo forzoso auspiciado por el Estado y vinculado a la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, sigue afectando a importantes cadenas de suministro.
Reacciones de los gremios
Los principales gremios empresariales dominicanos expresaron su preocupación ante la medida impuesta por el gobierno de Estados Unidos de aplicar un arancel de 12.5% a sus importaciones de bienes locales.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) estuvo entre los primeros en reaccionar. Optó por iniciar un análisis exhaustivo del impacto financiero que el nuevo gravamen provocará sobre el sector exportador, advirtiendo que este escenario representa un desafío inmediato para la inserción internacional de los bienes dominicanos.
Las asociaciones Dominicana de Exportadores (Adoexpo) y Dominicana de Zonas Francas (Adozona), que concentran el mayor peso logístico y de manufactura del país, expresaron sus alertas por la pérdida de competitividad de las mercancías locales en suelo norteamericano. Su enfoque está en conformar una estrategia unificada entre el gobierno dominicano y el sector privado. Su objetivo central es consolidar un canal diplomático directo que permita negociar exclusiones particulares y condiciones favorables con las autoridades de Estados Unidos.
La Cámara Americana de Comercio (AmchamDR) enfatizó la necesidad de que los procesos de fiscalización locales e internacionales se rijan estrictamente bajo los principios de debida diligencia, transparencia y respeto a la seguridad jurídica.
Mientras respaldan el marco institucional del Decreto 502-26 del Poder Ejecutivo para evitar mercancías provenientes de explotación laboral, los empresarios insistieron en la importancia de implementar herramientas de trazabilidad en las cadenas de producción nacional para demostrar el apego ético del país y evitar que se repita esta situación.
