La productividad laboral en América Latina y el Caribe crece a un ritmo por debajo de su potencial mientras prevalece la informalidad, lo que podría revertirse con reformas regulatorias y la desvinculación de beneficios al estatus de empleo, indica un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado este lunes.
Según el BID, este indicador en la región corresponde a solo un 26% de la de Estados Unidos y los ingresos reales en esta área aumentaron apenas un 18% entre 1995 y 2024, frente a un 31% en los países de la OCDE.
Este es “un diagnóstico basado en el análisis de tres décadas de indicadores en la región y apunta a la urgencia de actuar”, explicó el especialista líder de la investigación, David Kaplan, quien agregó que aunque han constatado mejoras, estas han sido muy lentas y con “prácticamente nulo avance” en la última década.
Un auge de la informalidad y la desigualdad
El informe señala que solo un 46% de los trabajadores en Latinoamérica y el Caribe tiene empleos formales con cobertura de seguridad social y revela que la informalidad cayó apenas ocho puntos en veinte años.
De mantenerse esta tendencia, los expertos advierten que le tomaría a la región más de ochenta años en llegar al nivel de Uruguay, con una tasa de informalidad laboral en torno a un 21%.
El estudio refleja además que los costos no salariales de una contratación formal representan como promedio un 51% del salario.
Por otro lado, registra que más de un 40% de los trabajadores latinoaméricanos y caribeños no tiene las competencias básicas en aritmética y alfabetización requeridas para los cargos que ocupan y advierte sobre el aumento de la “exposición potencial de los empleos a la IA” de un 5% a un 35% en los próximos diez años.
Este incremento en la penetración de la inteligencia artificial, algo que ya preocupa a Gobiernos y entidades, obligará a los trabajadores a adaptarse a esta nueva realidad, precisan los expertos del BID. Sin elegir entre la productividad y el bienestar
El informe propone varias acciones para enfrentar el lento crecimiento del rendimiento y el auge de la desigualdad, sin tener que priorizar la productividad sobre el bienestar de los trabajadores.
Esto se lograría con reformas encaminadas a mejorar la regulación laboral y su cumplimiento, la protección social, la negociación colectiva, la formación para el trabajo y unas políticas activas que puedan impulsar de manera simultáneamente el crecimiento, mejorar los salarios y reducir la informalidad.
Posponer esta agenda de cambios será cada vez mas costoso en una región marcada por el envejecimiento poblacional, la rápida transformación tecnológica y el todavía insuficiente crecimiento económico regional, advierte el BID.
Cambios necesarios
Entre las propuestas del informe resalta la sugerencia de desvincular una parte de la protección social de la condición laboral de las personas.
“En particular el estudio recomienda financiar la atención médica y la protección ante la pobreza en la vejez con financiamiento de impuestos generales en vez de contribuciones a la nómina que actúan como un impuesto al empleo formal”, detalló Kaplan. Con este traslado se reduciría el costo laboral no salarial, explicó a EFE.
El analista del BID afirmó que para aplicar este cambio sin dañar las cuentas públicas se debería entender que este “no es solamente un gasto fiscal, sino una inversión en la productividad y la formalidad laboral” y su aplicación “podría ser manera muy gradual” o de manera parcial.
“Es mejor avanzar gradual y parcialmente hacia esa meta, que no avanzar y seguir viviendo con las consecuencias de un mercado laboral con mucha informalidad y muy baja productividad”, indicó Kaplan.
El análisis también insiste en la importancia de la capacitación y recomienda modernizar la regulación laboral para ampliar la protección a los trabajadores en transición de un empleo a otro, así como adaptar estas leyes a una realidad cada vez más diversa, con distintas formas de trabajo y trayectorias menos estables.
Acciones de este tipo implican un fortalecimiento de las instituciones encargadas de las negociaciones colectivas y la garantía de aplicación imparcial de las reglas para empresas y sindicatos, subrayó Kaplan.
