La admisión del ministro de Administración Pública (MAP), Sigmund Freund, sobre la incapacidad de precisar cuántos servidores operan en el Estado es un balde de agua fría a la institucionalidad. Sólo la falta de voluntad política puede justificarlo.
Reconocer que no existe una interconexión funcional entre las instituciones públicas, ni procesos para cruzar datos de nómina con exactitud, retrata un vacío estructural inaceptable. Aunque no se trata de un problema nuevo, la actual gestión gubernamental ya cumple seis años, tiempo más que suficiente para haber superado este histórico apagón estadístico y responder a las exigencias de transparencia y eficiencia de los nuevos tiempos.
De cara a la ciudadanía, que sostiene el aparato estatal con sus impuestos, esta realidad genera una profunda vergüenza institucional. No hay justificación técnica posible.
Las herramientas tecnológicas para solucionar esta fragmentación existen en el mercado. El marco legal tampoco ha sido una limitante: desde el Poder Ejecutivo se emitió un mandato directo en 2025 para agilizar la unificación de nóminas, y el propio MAP inició el proceso en 2021.
En julio del año pasado, el presidente Luis Abinader oficializó, mediante el Decreto 357-25, la creación del Sistema Integrado de Servicios Centrales de la Función Pública (SISC), concebido precisamente para sustituir al obsoleto Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP).
El SISC nació con la promesa de centralizar los recursos humanos del Gobierno e incluso incorporar inteligencia artificial. Sin embargo, la persistente falta de interoperabilidad real condena a estos decretos a ser meras declaraciones de buenas intenciones en el papel.
Para avanzar de forma propositiva, el MAP debe asumir este rezago como una prioridad nacional impostergable y de ejecución inmediata. El Estado no puede seguir gestionando a ciegas. Sincerar la administración pública y lograr un control efectivo de las plantillas estatales no es un lujo tecnológico; es la deuda básica de confianza, orden y pulcritud que este Gobierno prometió saldar y que la sociedad dominicana sigue esperando de sus gobernantes.
Cualquier funcionario debería estar en capacidad de responder a la siguiente pregunta con toda seguridad: ¿Cuántos empleados tiene el Estado? La tecnolgía está disponible, el mandado del Presidente y los recursos también. ¿Qué más debe suceder para obtener esta respuesta con certeza?
