La tarjeta de crédito se ha convertido en uno de los instrumentos financieros de mayor penetración en la República Dominicana. Su crecimiento también revela una mayor bancarización de la población y una creciente dependencia de los hogares del crédito para financiar su consumo.
El dilema no está, por tanto, en la tarjeta en sí misma, sino en para qué se utiliza y cómo se administra la deuda que genera. En efecto, a junio de 2025 existían alrededor de 2.04 millones de tarjetahabientes en el sistema financiero, un crecimiento interanual de 7.5%.
La cartera de tarjetas alcanzó RD$122,142 millones, equivalente al 5.4% de la cartera crediticia total y con un crecimiento real de 16.2% interanual, superior al dinamismo del resto de las carteras. Así también, se estima que, a junio de 2026, el número de tarjetahabientes habría subido a 2.18 millones.
Pero detrás de estas cifras aparece una realidad socialmente relevante. La tarjeta no es utilizada exclusivamente por los sectores de mayores ingresos. Los datos de la Superintendencia de Bancos (SIB) muestran que los usuarios de menores ingresos reciben límites de crédito considerablemente elevados en relación con sus ingresos formales: quienes declaraban ingresos inferiores a RD$12,500 tenían, a junio de 2025, un límite promedio equivalente a 17.5 veces su ingreso mensual formal.
Esto plantea una paradoja: el crédito puede ampliar las posibilidades de consumo y facilitar la inclusión financiera, pero también puede convertirse en una fuente de vulnerabilidad cuando sustituye ingresos insuficientes.
Pero ¿Para qué se utilizan las tarjetas de crédito? Fundamentalmente para consumo de bienes y servicios, pagos electrónicos, compras por internet, emergencias y, cada vez más, para financiar gastos que el ingreso corriente no permite cubrir. El problema aparece cuando financiarse deja de ser una decisión excepcional y se convierte en una práctica permanente. La propia SIB reconoce que las tasas de las tarjetas son superiores a las de otras facilidades crediticias, debido a que constituyen una exposición sin garantía y, por tanto, de mayor riesgo. El desafío está precisamente en ese riesgo.
A junio de 2025, EL 64.9% del saldo de las tarjetas estaba financiado, mientras la morosidad superior a 90 días alcanzó 6.0%, frente a 4.9% un año antes. El indicador de incumplimiento llegó a 9.5%.
La tarjeta, entonces, puede ser una excelente herramienta financiera si se utiliza para administrar liquidez y se paga oportunamente. Pero puede convertirse en una trampa cuando el consumidor paga sistemáticamente el mínimo, acumula intereses y utiliza nuevo crédito para cubrir deuda anterior.
La discusión nacional debería ir más allá de cuántas tarjetas existen. La pregunta verdaderamente importante es qué tipo de comportamiento financiero estamos construyendo.
Una economía moderna necesita crédito. Pero una sociedad financieramente saludable necesita algo más: consumidores capaces de distinguir entre capacidad de compra y capacidad de pago.
El reto del sector bancario no es solamente colocar tarjetas; es colocarlas responsablemente. Y el reto del consumidor no es tener más crédito, sino utilizarlo sin comprometer su futuro financiero.
