La deuda del sector público no financiero (SPNF), es decir, la que corresponde al gobierno central, cerró junio de este año en US$67,370.7 millones, un aumento absoluto de US$12,541.9 millones, equivalente a un 22.9% respecto al cierre de 2023. ¿Es mucho o poco? Depende de cómo se ha comportado la economía y de qué hicimos con ese dinero.
Lo que sí podemos afirmar es que la economía de República Dominicana ha demostrado una resiliencia envidiable en la región, manteniendo un crecimiento robusto y una estabilidad macroeconómica que ahuyenta cualquier fantasma de crisis inminente.
Partiendo de esta realidad, podemos estar seguros de que el país no se encuentra en una situación fiscal crítica: los compromisos de deuda se cumplen, el acceso a los mercados internacionales sigue abierto y los ingresos tributarios sostienen el engranaje estatal.
Sin embargo, confundir estabilidad con inmunidad es un error peligroso. Ser prudente es de inteligentes, no sólo de precavidos. ¿Cuál es el mayor riesgo para el futuro de la sostenibilidad fiscal? Yo creo que sólo hay uno: ser irresponsables por no tomar la decisión correcta, aunque eso afecte nuestra popularidad como servidor público.Aquí entra una verdad irrefutable: todos exigen disciplina del gasto, pero nadie quiere ser el disciplinado. Muy pocos sectores están dispuestos a ceder los privilegios que los benefician del erario.
En este tema, hay que decirlo, la ignorancia de muchos es terreno fértil para unos pocos que acceden al poder político.
Quienes reciben subsidios sociales o energéticos defenderán su permanencia a toda costa; quienes aspiran a pensiones especiales o los que llegan al poder con la expectativa de utilizar la nómina pública como botín de contratación clientelar se resistirán a cualquier intento de austeridad.
En la acera de enfrente, la resistencia es simétrica: la disposición a pagar más impuestos es nula, bajo la eterna premisa de que la carga fiscal siempre la debe asumir “el vecino de al frente”. Quisiera decir ¡Carajo! El ciudadano común no se despierta pensando en el porcentaje del PIB que representa el servicio de la deuda; el ciudadano vive y sufre realidades tangibles. La gente exige con urgencia mejor salud, educación de calidad para sus hijos, mayor seguridad ciudadana en las calles y un tránsito menos caótico.
Y hay que decirlo: estas carencias se sienten en el cuerpo y en el bolsillo todos los días. En contraste, la deuda y el déficit fiscal son el dolor de cabeza del Ministerio de Hacienda y Economía, que debe “hacer magia” para atender un presupuesto presionado por el gasto corriente.
Sea quien sea que gestione el Estado a partir de 2028, el gran reto será, sí o sí, cuadrar las cuentas, tener el valor político de conectar la responsabilidad fiscal con el financiamiento sostenible de los servicios públicos que la población reclama con justa razón. Postergar este debate bajo la alfombra del crecimiento económico solo ensanchará la brecha entre las promesas electorales y la cruda realidad de la caja del Estado.
