Ante las nuevas presiones del gobierno de Donald Trump para que distintos Estados se adhieran a la Declaración del Consenso de Ginebra, organizaciones sociales, feministas, comunitarias, sindicales y de derechos humanos exhortaron al Poder Ejecutivo a mantener la posición sostenida por República Dominicana desde 2019 y abstenerse de suscribirla.
En un manifiesto público, las organizaciones advierten que esta declaración contradice la Constitución dominicana, las leyes y políticas públicas vigentes y los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos, igualdad, salud, derechos de las mujeres y protección de la niñez y la adolescencia.
El Consenso de Ginebra no es un tratado ni una convención internacional y no crea obligaciones jurídicas vinculantes. Es una declaración política promovida por Estados Unidos junto con gobiernos autoritarios, democracias debilitadas y administraciones ultraconservadoras. Sin embargo, sus postulados podrían trasladarse posteriormente a políticas públicas, regulaciones, decisiones administrativas, prioridades presupuestarias y condiciones de cooperación internacional.
El manifiesto alerta que la declaración pretende establecer que determinadas decisiones en materia de salud sean tomadas exclusivamente mediante procesos legislativos, desconociendo la distribución de competencias establecida por la Constitución. En República Dominicana, el Congreso legisla; el Poder Ejecutivo dirige las políticas del Estado; los tribunales ejercen el control difuso de constitucionalidad, y el Tribunal Constitucional garantiza la supremacía constitucional.
“El Poder Ejecutivo puede conducir la política exterior, pero no puede utilizarla para modificar informalmente la Constitución, limitar las atribuciones de otros poderes del Estado ni asumir facultades reservadas al poder constituyente”, sostienen las organizaciones.
La adhesión también podría debilitar los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos soberanamente por el país y provocar retrocesos en los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Estos derechos están protegidos por la Constitución, la legislación nacional, la Cedaw, la Convención de Belém do Pará, la Plataforma de Acción de Beijing, el Consenso de Montevideo, la Agenda 2030 y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
Las organizaciones rechazan igualmente que la protección de la familia sea utilizada para imponer un único modelo familiar y desconocer la diversidad de hogares existentes en la sociedad dominicana. Todas las familias deben recibir protección del Estado conforme a los principios de dignidad, igualdad, no discriminación e interés superior de la niñez.
La eventual adhesión resultaría, además, incoherente con la presencia de República Dominicana en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Presidencia de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y su participación en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo y en la implementación del Consenso de Montevideo.
Las organizaciones exigen que el Gobierno se abstenga de firmar la declaración; respete la Constitución, la separación de poderes y los mecanismos nacionales e internacionales de protección de derechos; preserve los compromisos asumidos en materia de igualdad, salud y derechos de las mujeres, niñas y adolescentes; mantenga la coherencia de la política exterior dominicana, y haga públicas todas las conversaciones, acuerdos, compromisos y condiciones relacionados con una eventual adhesión.
Asimismo, convocan a las instituciones democráticas, la academia, los gremios profesionales, los movimientos de mujeres, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía a mantenerse vigilantes frente a cualquier intento de suscribir el Consenso de Ginebra o incorporar sus postulados a las políticas públicas.
“La soberanía reside en el pueblo dominicano. Defenderla significa respetar la Constitución, la separación de poderes, la democracia, la dignidad humana y los derechos de todas las personas”, concluye el manifiesto.
El documento está suscrito por la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, partidos políticos y organizaciones feministas, sociales, comunitarias, sindicales, religiosas y de derechos humanos de distintas regiones del país.
