“Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio”. –Immanuel Kant
Todo funcionario que asume una institución pública debería resistir la tentación de sustituir personas, modificar estructuras o imprimir el sello de su gestión antes de comprender para qué existe la misión recibida. Muchas veces “aplicar el propio librito” termina siendo otra manera de hacer más de lo mismo y, lamentablemente, esa práctica ha sido habitual y dañina en la Administración dominicana.
Presupuesto, estructuras, contratos, procedimientos y recursos humanos son instrumentos y en el INABIE también lo son el almuerzo escolar, la utilería y los servicios de salud y estudiantiles, aunque a veces se olvide su carácter instrumental. Todos son indispensables, pero ninguno constituye la razón última de la institución. La práctica de años ha sido concentrarse en los medios; lo criticable es perder de vista que el fin es el estudiante.
Los medios adquieren sentido cuando contribuyen a que los escolares permanezcan en la escuela, aprendan mejor y desarrollen sus capacidades con dignidad. Pero, lamentablemente, para muchos gerentes, basta con saber cuánto se gastó o cuántos bienes fueron distribuidos, sin igual esfuerzo por determinar resultados y documentar sus impactos en la vida escolar.
A esta finalidad superior la hemos llamado bien mayor, que no es una abstracción grandilocuente ni una fórmula para justificar cualquier decisión en nombre de una causa colectiva; lo entendemos como el propósito que debe permanecer por encima de coyunturas políticas, cambios de gobierno, intereses empresariales y prioridades circunstanciales. Esa permanencia es continuidad del Estado bien entendida.
¿Tendría legitimidad una política destinada a proteger estudiantes si violara la ley, desconociera el debido proceso, discriminara oferentes o administrara irresponsablemente los recursos públicos? Evidentemente no.
Legalidad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas también protegen al estudiante, porque cada irregularidad compromete recursos, continuidad y confianza, sembrando de escollos el camino hacia el bien mayor.
Es comprensible que el debate público se concentre en contratos, suplidores y pagos, haciendo énfasis en que las empresas son necesarias y muchas son mipymes familiares. Pero, como se destacó al inicio de la gestión de Víctor Castro, el Inabie no fue creado como un gran mercado para garantizar la supervivencia o expansión de sus proveedores. El hecho fundamental reside en que las empresas forman parte de la cadena, pero no constituyen su destino final.
Ese lugar pertenece al estudiante, de modo que cuando invertimos este orden, la institución corre el riesgo de degradarse en botín, mercado cautivo o simple maquinaria burocrática.
El bienestar estudiantil es inseparable de la equidad. En esta dimensión, es de sentido común reconocer que las familias con mayores ingresos pueden compensar deficiencias públicas comprando alimentos, lentes, tratamientos o materiales educativos. También lo es el hecho de que los hogares pobres carecen de ese margen. Una visita a las provincias más pobres del sur evidencia que, para decenas de miles de escolares, la escuela no es solo el lugar donde aprenden; también resulta el espacio donde reciben una parte esencial de su alimentación diaria.
Prestaciones deficientes pueden traducirse en ausencia, rezago e incluso abandono escolar. Precisamente allí donde la desigualdad social cruza la puerta del aula, las intervenciones del Inabie adquieren una importancia verdaderamente intergeneracional.
Una entidad gubernamental de estas características requiere de la protección de los órganos de control frente a errores, abusos y tentaciones que merodean a un organismo con presupuesto multimillonario. El control debe propiciarse desterrando al mismo tiempo la aviesa inclinación de invocar a los estudiantes para encubrir irregularidades cuando, precisamente porque la misión social es trascendente, la obligación de rendir cuentas debe ser mayor, no menor.
El bien mayor funciona, así, como brújula. Antes de cada decisión ejecutiva debemos preguntarnos: ¿de qué manera cada actuación protege o debilita las condiciones de aprendizaje y dignidad de los estudiantes? Solo bajo el entendimiento cabal del concepto de bien mayor, el Inabie puede recuperar su verdadera naturaleza de institución social.
