En un planeta interconectado, la escasez de agua para refrigerar la tecnología del futuro -donde el despliegue masivo de la inteligencia artificial ya exige un consumo hídrico colosal para disipar el calor extremo de sus centros de datos- termina por desenterrar los fantasmas más primitivos de la humanidad: la falta de alimento y la inestabilidad social a escala global.
Este desabastecimiento de recursos no se limita a un mero indicador económico; actúa como el catalizador definitivo para un descalabro social sistémico. La historia demuestra que la línea que separa a la civilización de la barbarie es delgada, rompiéndose cuando la escasez golpea el estómago. Ante apagones prolongados y anaqueles vacíos, el miedo colectivo se transforma en instinto salvaje de conservación, fracturando el contrato social y dando paso a escenarios de violencia civil.
Conceptualizo este escenario como una tensión vectorial de riesgo, definido por la decisión crítica entre el peligro -un vector de daño de carácter levógiro- y la conveniencia o mitigación -un vector de avance de carácter dextrógiro-. Cuando el sistema se inclina hacia el sentido levógiro, los colectivos humanos más agresivos y letales son precisamente aquellos que operan bajo la certeza de que el hambre terminará por destruirlos; esta convicción de muerte inminente anula el miedo al costo del conflicto y desata un deseo visceral de pelear hasta el final. Se configuran así fuerzas violentas e indiferentes al riesgo, donde los códigos éticos se disuelven.
En este entorno hostil, la competencia por la supervivencia se vuelve descarnada. La desesperación desata enfrentamientos directos entre ciudadanos por el control de los últimos suministros de agua potable, alimentos y fuentes de energía portátiles. Esta violencia horizontal se expande hacia estructuras criminales y mercados negros que capitalizan la miseria humana, mientras las fuerzas del orden se ven superadas por disturbios, saqueos masivos y el colapso de los servicios públicos básicos.
En última instancia, la ausencia de una infraestructura energética y de agua resiliente no solo destruye la economía de las naciones; despoja a los individuos de su barniz cultural, reduciendo la convivencia humana a una lucha violenta y darwiniana donde el prójimo deja de ser un par para convertirse en el principal obstáculo para la propia subsistencia.
En mi artículo El octavo puente (Revista Verde 2, Unapec), definí un panorama referido a las consecuencias de las hambrunas, la ausencia de agua y energía y sistemas estatales de control para la distribución o adquisición de bienes alimentarios. Las restricciones gubernamentales sobre el tipo de alimentos que se pueden consumir, junto con la frecuencia de su adquisición, determinarán escenarios caóticos donde prevalecerá el instinto sobre la racionalidad.
Debemos considerar que, por encima de cualquier otro impulso primario, prevalece el instinto de perpetuación de la especie, enmarcado en el instinto de supervivencia. La supremacía de este factor sobre todas las demás necesidades -incluyendo la alimentación, el saciamiento de la sed, el resguardo y la reproducción- determina comportamientos que anulan cualquier costumbre moral o nivel educativo.
La historia ofrece testimonios crudos de este descalabro. En el año 757 d. C., durante el asedio de Suiyang en China por parte de fuerzas rebeldes, la desesperación extrema llevó a la población a consumir carne humana, registrándose incluso el intercambio de hijos entre familias para garantizar la subsistencia. Aunque desde una perspectiva actual esto parece un acto de extrema crueldad, desde la lógica del colapso civilizatorio constituyó una trágica estrategia de supervivencia.
En un contexto mucho más cercano, durante la tragedia de los Andes en octubre de 1972, los sobrevivientes del accidente aéreo uruguayo se vieron obligados a consumir los restos de sus compañeros fallecidos para resistir las condiciones extremas de la cordillera.
Un escenario igualmente patético y desgarrador ocurrió durante el Sitio de Leningrado (1941-1944). Confinados por el ejército enemigo y desprovistos de suministros, miles de ciudadanos consumieron carne humana a través del mercado negro, engañados por proveedores clandestinos que ocultaban su procedencia. Los testimonios de los sobrevivientes reflejan el horror de una población hambrienta que dependía de lo que los comerciantes afirmaban que era carne animal.
En la realidad de la administración soviética de la época, la situación no se zanjó con una simple tolerancia. Para los comisarios políticos y las autoridades militares, el canibalismo constituía un tabú inadmisible que debía ocultarse; por lo tanto, las fuerzas de seguridad interna implementaron brigadas especiales que detuvieron y ejecutaron de manera sumaria a los proveedores que comerciaban con restos humanos. Este control extremo demostró que, mientras los ciudadanos intentaban mantener un velo de ignorancia para asegurar su subsistencia, la estructura del Estado operaba con una represión implacable para sepultar el colapso absoluto de la condición humana en la ciudad asediada.
Frente a estos escenarios, no se requiere intervención foránea para desencadenar el caos institucional; la propia dinámica del desabastecimiento energético operará de forma interna a través de una reacción en cadena que destruye el tejido nacional en tres etapas sucesivas: la crisis económica, la social y la política. En la fase económica, la parálisis golpea a industrias y comercios que no pueden producir sin electricidad o combustibles, frenando el desarrollo.
Al contraerse la oferta, los costes de producción se disparan debido a las importaciones energéticas caras y el incremento de fletes, desatando inflacióne. Esto evoluciona hacia una crisis social. Los apagones y la escasez provocan el colapso de infraestructuras hospitalarias y servicios públicos. Al destruirse las condiciones mínimas de habitabilidad y movilidad, el descontento de la población se propaga de manera exponencial, reduciendo a cero la tolerancia civil. En la etapa final, el colapso deviene en una crisis de gobernabilidad donde el Estado pierde legitimidad.
La energía se consolida como un servicio vital e innegociable. Un reflejo actual se observa en Alemania, que pasó de ser locomotora industrial de Europa a convertirse en pieza inerte de museo debido a su quiebra energética estructural. En este punto de inestabilidad, las protestas por apagones se tornan caóticas, violentas y difíciles de contener. La única solución es restablecer el suministro; si el Estado carece de medios para acceder a este recurso, el vandalismo y los enfrentamientos letales se volverán crónicos.
Este agotamiento define un escenario humano terminal, caracterizado por la disolución de barreras morales y del pudor colectivo; un punto de quiebre donde se anula la opinión ajena y el recato civil. Sin los límites jurídicos, la criminalidad y el vandalismo se normalizan, y los abusos comienzan a percibirse como dinámicas naturales de coexistencia. La contemporaneidad ya ofrece indicios de esta deshumanización ética: la obsesión por asegurar posición o ventaja individual, sin reparar en el daño al bienestar común. En este abismo, la garantía de la vida se extingue, desvaneciéndose la certeza de retornar a la normalidad civilizada.
Esta carencia simultánea de energía, agua y alimentación resultará devastadora al proyectarse sobre realidades locales, en especial cuando ocurre en entornos insulares o fronterizos donde coexisten identidades nacionales y étnicas con tensiones históricas latentes.
Ante un colapso drástico, estas diferencias solapadas pueden reactivarse con violencia. Por lo tanto, blindar la resiliencia hídrica y garantizar la seguridad energética no es solo un objetivo técnico para República Dominicana, sino una política de Estado innegociable para contener los impulsos primitivos de las masas y preservar la seguridad nacional.
