En el análisis geopolítico, la memoria pesa; los intereses nacionales, sin embargo, terminan reordenándola. 51 años después de la guerra de Vietnam y 31 después de la normalización diplomática entre Washington y Hanói, resulta difícil interpretar la relación bilateral con las categorías ideológicas de 1975.
Estados Unidos y Vietnam no son aliados militares, pero mantienen una asociación estratégica integral; comercian más de US$200,000 millones al año y cooperan en semiconductores, inteligencia artificial, cadenas de suministro, ciberseguridad y tecnologías de nueva generación, mientras negocian aranceles, acceso a mercados y desequilibrios comerciales.
Ese contexto es indispensable para analizar la entrada de Viettel al mercado dominicano. La discusión es legítima: las telecomunicaciones son infraestructura crítica y Viettel es una empresa 100% estatal adscrita al Ministerio de Defensa de Vietnam (Viettel, s. f.). En tal razón, está sujeta a estándares rigurosos de ciberseguridad, gobierno de datos, trazabilidad de proveedores y supervisión regulatoria. Identificar un riesgo, sin embargo, no equivale a demostrar una amenaza; la propiedad estatal de una compañía no constituye evidencia suficiente para una conclusión de naturaleza geopolítica.
El desafío analítico aparece cuando una alerta razonable deja de formularse como hipótesis y se presenta como conclusión sin evidencia suficiente.
De la guerra a la asociación
Estados Unidos y Vietnam normalizaron relaciones diplomáticas en 1995. En 2000 firmaron el Acuerdo Bilateral de Comercio, que entró en vigor en diciembre de 2001. Vietnam ingresó a la Organización Mundial del Comercio en 2007 y ese mismo año ambos países establecieron el Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) para profundizar comercio, inversión y reformas.
La relación continuó escalando: Comprehensive Partnership en 2013 y, durante la visita del presidente Joe Biden a Hanói en septiembre de 2023, Comprehensive Strategic Partnership, el nivel más alto de asociación diplomática que Vietnam concede.
El cambio de administración en Washington no deshizo esa arquitectura. En octubre de 2025, en el segundo mandato de Donald Trump, ambos gobiernos anunciaron un marco para un Acuerdo de Comercio Recíproco, Justo y Equilibrado. Washington mantuvo un arancel recíproco de 20% sobre numerosos bienes vietnamitas, mientras Hanói se comprometió a ampliar el acceso para exportaciones industriales y agrícolas estadounidenses.
La relación tampoco está exenta de fricciones: en 2026 USTR designó a Vietnam “Priority Foreign Country” por preocupaciones sobre propiedad intelectual, incluso mientras proseguían las negociaciones comerciales. Esa tensión no invalida la asociación; la describe con mayor precisión: estratégica, profunda y negociada.
Los números son todavía más elocuentes. Según el U.S. Census Bureau, el comercio de bienes pasó de US$451.3 millones en 1995 a US$209,483 millones en 2025: unas 464 veces el nivel observado al normalizarse las relaciones.
Hay, ciertamente, un desequilibrio: el déficit estadounidense de bienes con Vietnam alcanzó US$178,276 millones en 2025. Esa es una de las razones de las negociaciones arancelarias actuales. Es una relación económica que Washington procura reequilibrar, no desvincular.
Tecnología y Viettel
La evidencia tecnológica también aconseja evitar lecturas binarias. Desde 2022, Qualcomm Technologies y Viettel desarrollan conjuntamente infraestructura 5G Open RAN, utilizando, entre otras, plataformas estadounidenses Qualcomm X100 y QRU100 para unidades distribuidas y radios Massive MIMO.
En marzo de 2026, Viettel apareció entre las compañías globales que respaldan junto con Qualcomm una hoja de ruta hacia 6G comercial a partir de 2029 (Qualcomm, 2026). A la vez, la Asociación Estratégica Integral de 2023 incorporó cooperación en semiconductores y formación de capital humano, vinculada al Chips and Science Act (U.S. Department of State, 2025).
Nada de esto exime a Viettel del escrutinio, pero demuestra algo más preciso: el ecosistema tecnológico vietnamita no está aislado del estadounidense.
Indotel: transparencia
En República Dominicana, el análisis debe volver al expediente. La Licitación Pública Internacional Indotel/LPI-001-2026 fue convocada mediante la Resolución 013-2026, del 26 de febrero, con un pliego definido para asignar concesiones y frecuencias en distintas bandas del espectro. El proceso contó con comité evaluador, criterios legales, técnicos y económicos y modificaciones de cronograma formalizadas mediante resoluciones públicas.
La fase económica quedó igualmente documentada. Claro y Viettel superaron las evaluaciones requeridas; Trilogy Dominicana (Viva) fue excluida por no cumplir criterios de evaluación económica. La apertura y lectura de ofertas económicas se realizó el 18 de agosto ante el Comité Evaluador y una notaria pública, que instrumentó el acta correspondiente.
El 19 de agosto, el Consejo Directivo adjudicó por unanimidad, mediante la Resolución 073-2026, 240 MHz a Viettel -40 MHz en 700 MHz, 100 MHz en 2.3 GHz y 100 MHz en 3.6 GHz- por 20 años, y 20 MHz adicionales en 700 MHz a Claro por el período restante de su concesión. Otros 30 MHz de AWS fueron declarados desiertos al no recibirse ofertas.
En este contexto, transparencia no significa ausencia de controversia ni excluye auditorías posteriores. Significa que una decisión pública puede reconstruirse y verificarse mediante una secuencia documental: convocatoria, pliego, criterios, comité, resoluciones, apertura de ofertas, calificación, acta notarial y decisión final.
La fiscalización debe continuar, pero la discusión debe partir de esa evidencia.
Estructura concentrada
Al cierre de 2025, República Dominicana tenía 11,003,354 líneas móviles activas. Claro con 63.7%, Altice 33.5% y Viva apenas 2.8%. En conjunto, Claro y Altice representaban 97.2% de las líneas (elDinero).
Aplicando el Índice de concentración de Herfindahl-Hirschman (HHI) -la suma de los cuadrados de las participaciones- el mercado móvil dominicano alcanza 5,188 puntos. Como referencia, las guías de competencia estadounidenses utilizan 1,800 puntos como umbral de alta concentración.
No se trata de trasladar esa normativa al país ni de inferir una conducta anticompetitiva; se trata de dimensionar una estructura en la que dos operadores concentran prácticamente todo el mercado.
Por eso la entrada potencial importa. Un nuevo operador con espectro suficiente, capital y capacidad tecnológica puede modificar los incentivos de los operadores establecidos: obliga a defender clientes mediante precios, cobertura, velocidad, gigabytes incluidos, calidad del servicio, innovación e inversión.
En telecomunicaciones, el beneficio competitivo no siempre se manifiesta como una reducción nominal inmediata de la factura; también puede aparecer como menor precio por gigabyte, más velocidad, mejores paquetes o menores costos.
Perú ofrece un precedente especialmente útil. Bitel, marca de Viettel, inició operaciones comerciales en 2014, en un mercado que también incorporó a Entel y fortaleció la portabilidad numérica.
En septiembre de ese año, Telefónica y Claro controlaban aproximadamente 95.6% de las líneas móviles y Bitel apenas 0.2%. Para el primer trimestre de 2026, la distribución había cambiado de forma sustancial: Claro 33.3%, Bitel 24%, Entel 22.5% y Movistar 19.8%. El HHI calculado con esas participaciones ronda 2,589 puntos, casi la mitad del dominicano (OSIPTEL, 2026).
No sería correcto atribuir esa transformación únicamente a Bitel. Intervinieron Entel, la portabilidad, la regulación de interconexión y otras medidas procompetencia.
Tampoco conviene subestimar el efecto de la entrada. OSIPTEL sostiene que la mayor rivalidad redujo históricamente la concentración y ubicó a Perú entre los mercados móviles de menores precios de América Latina; en 2025 ocupaba el cuarto lugar regional en menor precio para una canasta de alto consumo (OSIPTEL, 2025).
El regulador estima, además, que las reducciones tarifarias en telecomunicaciones generaron más de S/22,000 millones de ahorro para los usuarios entre 2015 y 2023 (OSIPTEL, 2024).
Regulación y competencia
Viettel tendrá que demostrar en República Dominicana que su capacidad tecnológica es compatible con las exigencias de seguridad de una infraestructura crítica. Indotel y las instituciones competentes deberían exigir auditorías independientes, reglas estrictas de protección y residencia de datos, transparencia en la cadena de proveedores, segmentación de redes sensibles, protocolos de acceso y mecanismos permanentes de supervisión.
Esa vigilancia debe ser rigurosa y simétrica: aplicable a Viettel y a cualquier operador, independientemente de su nacionalidad.
La protección de la seguridad nacional y la promoción de la competencia no son objetivos excluyentes. Una regulación adecuada debe atender ambos: reducir vulnerabilidades tecnológicas sin transformar el escrutinio de seguridad en una barrera de entrada que preserve, de forma involuntaria, una estructura altamente concentrada.
La evaluación relevante, por tanto, debe centrarse en si Viettel cumple las reglas dominicanas, si su tecnología supera los estándares de seguridad, si ejecuta las inversiones comprometidas y si su presencia hace más disputable el mercado.
En economía, la competencia funciona precisamente así: obliga a las empresas a revisar márgenes, invertir, innovar y disputar al consumidor. Cuando la entrada es creíble, el equilibrio del mercado tiende a desplazarse hacia precios más competitivos y, sobre todo, hacia una mejor relación entre precio, calidad y cantidad de servicio.
Viettel no requiere un tratamiento excepcional. Requiere regulación, vigilancia y reglas competitivas equivalentes a las de cualquier operador.
Si esa competencia es efectiva, transparente y sostenida, el principal beneficiario será el consumidor dominicano.
Nota metodológica
El HHI se calcula como la suma de los cuadrados de las participaciones porcentuales de las empresas. Se utiliza aquí como indicador estructural comparativo. Por sí solo no demuestra abuso de posición dominante, colusión ni infracción a la normativa de competencia. Las cifras de comercio EE. UU.–Vietnam correspondientes a 2026 abarcan enero–junio y se identifican expresamente como período parcial.
