La especialista en contrataciones públicas Stephany Rosario cuestionó la efectividad real del 30% de las contrataciones públicas reservado a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), al advertir que bajo una misma categoría pueden competir empresas con brechas cercanas a los RD$300 millones en facturación anual.
Durante una entrevista en el programa Primera Hora, transmitido por Canal 8, Rosario valoró los avances introducidos por la Ley 47-25 para ampliar la participación de las Mipymes en el mercado público, pero consideró necesario evaluar cómo se distribuyen esas oportunidades.
“Una microempresa de subsistencia y una empresa mediana pueden ser Mipymes, pero no tienen el mismo acceso al crédito, capacidad financiera, personal, inventario ni posibilidad de soportar los costos de una contratación mientras esperan que el Estado les pague”, explicó.
Rosario señaló que la clasificación empresarial comprende desde microempresas con facturaciones inferiores al millón de pesos anuales hasta empresas medianas que pueden acercarse a los RD$300 millones.
Señaló que la Ley 47-25 establece que las instituciones deben reservar como mínimo el 30% de las partidas destinadas a contrataciones para procedimientos exclusivos de Mipymes. “20% para Mipymes en general y 10% para aquellas dirigidas por mujeres”, dijo la especialista.
“No basta con saber cuánto adjudicamos a Mipymes; tenemos que saber a cuáles Mipymes les estamos adjudicando”, sostuvo Rosario, quien planteó evaluar una mayor segmentación de las contrataciones según el tamaño y capacidad de las empresas, así como diseñar lotes compatibles con su capacidad productiva.
Anticipo y capacidad financiera
La especialista también llamó la atención sobre las condiciones que enfrentan las Mipymes después de resultar adjudicatarias. Indicó que el artículo 174 de la Ley 47-25 dispone un anticipo del 30% con la suscripción del contrato, orden de compra o servicio en las contrataciones realizadas con Mipymes.
Sin embargo, cuestionó prácticas en las que se exige al proveedor iniciar las entregas antes de recibir esos recursos o renunciar al anticipo.
“Si la finalidad de esa política es financiar a la Mipymes para que pueda ejecutar el contrato, exigirle que financie primero la ejecución desnaturaliza completamente el beneficio”, afirmó.
Rosario consideró que la evaluación de la política Mipyme debe abarcar todo el ciclo de contratación: qué tipo de empresa resulta adjudicada, cuándo recibe el anticipo, bajo qué condiciones ejecuta y cuánto tarda en recibir el pago.
Asimismo, propuso publicar los datos de las contrataciones reservadas de manera desagregada entre micro, pequeñas y medianas empresas para determinar cuáles segmentos están accediendo efectivamente al mercado estatal.
“Podemos llegar al 30% y decir que formalmente cumplimos. Pero si la mayor parte de ese dinero se concentra en las empresas de mayor tamaño dentro del universo Mipyme, tenemos que preguntarnos si realmente alcanzamos el objetivo de la política pública”, sostuvo.
“Las compras públicas tienen una capacidad enorme para desarrollar empresas, generar empleo y ampliar la base productiva. El 30% es un avance, pero podemos cumplir con el porcentaje y, aun así, fallar en el propósito de la política pública”, concluyó Rosario.
