Cuando pensamos en comprar una empresa, se toman en cuenta los activos, clientes, contratos, deudas y precio. Desde el 5 de noviembre, el nuevo Código Penal dominicano obliga a incorporar una variable menos visible, pero costosa: su historial de cumplimiento. En ciertas circunstancias, una sociedad podrá responder penalmente por actuaciones vinculadas a sus órganos, representantes o empleados. Adquirir un negocio puede significar también adquirir riesgos.
Este cambio no implica que una empresa sea automáticamente culpable porque uno de sus empleados cometa una infracción. La ley observa que exista un incumplimiento de los deberes de dirección, control o supervisión de la propia organización. Dicho de otra manera, la pregunta ya no será solamente quién hizo algo incorrecto, sino también si la empresa tenía controles razonables para evitarlo, detectarlo y remediarlo cuando ocurriera.
Esto tiene consecuencias concretas cuando una empresa compra otra, se fusiona o adquiere un negocio. Antes de pagar millones por una compañía rentable, será necesario mirar más allá de sus ventas y resultados, y preguntarse cómo ha hecho negocios durante los últimos años. Relaciones con funcionarios públicos, pagos cuestionables, contrataciones, manejo de fondos, denuncias internas, cumplimiento regulatorio y decisiones adoptadas por la administración pueden convertirse en piezas relevantes del rompecabezas.
El Código dispone que la responsabilidad penal de una persona jurídica puede subsistir incluso después de su disolución o de determinadas operaciones societarias que impliquen la cesación de operaciones o la transmisión universal de su patrimonio. Por tanto, reorganizar una empresa no necesariamente borra su pasado.
Aquí adquiere especial importancia la expresión “compliance”, o cumplimiento normativo, que hasta hace algunos años sonaba reservada para grandes multinacionales. El nuevo régimen reconoce expresamente el valor de contar con programas reales de prevención, controles internos, canales de denuncia, investigación, capacitación y mecanismos para identificar riesgos. No es un manual atractivo guardado en una carpeta; es demostrar que la organización conoce sus riesgos y ha desarrollado una cultura para manejarlos.
Para quien compra una empresa, esto significa que el proceso de revisión previa, conocido como “due diligence”, tendrá que evolucionar. Será necesario revisar cómo funciona la empresa por dentro y determinar si existen prácticas que puedan generar responsabilidades después de completada la adquisición.
Naturalmente, encontrar un riesgo no significa abandonar una operación. Puede significar renegociar el precio, exigir garantías al vendedor, reservar una parte del pago, imponer condiciones antes del cierre o fortalecer controles tras la compra.
Las fusiones y adquisiciones siempre han consistido, en alguna medida, en comprar el futuro de una empresa junto con su pasado. Con el nuevo Código Penal, esa frase deja de ser solamente una metáfora financiera y adquiere una dimensión jurídica bastante concreta. En adelante, conocer cómo una compañía gana dinero será casi tan importante como saber cuánto dinero gana
