Hagamos un mea culpa y examinemos lo que nos ha vuelto a pasar en el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes o Informe PISA. De nuevo hemos sido desnudados. La dolorosa realidad del sistema educativo dominicano ha sido puesta de manifiesto.
Aunque los resultados no fueron halagüeños para la mayoría de los países de la región, con excepción de Costa Rica y El Salvador, no debemos agarrarnos de que “mal de muchos, consuelo de tontos”.
La pura, cruda y horrible realidad es que quedamos en el fondo del ranking mundial, una posición vergonzosa que confirma que el Estado dominicano está fallando críticamente en lo que verdaderamente importa: garantizar el aprendizaje real. Estamos mal, muy mal. ¿Cuál sería el discurso o excusas de las autoridades del Ministerio de Educación ante esta debacle?
A pesar de los discursos oficiales de avance, el desempeño en competencias básicas como Matemática y Lectura sigue desplomado en niveles insatisfactorios, demostrando que tener escuelas más grandes no equivale a tener estudiantes más capaces.
El origen de esta catástrofe radica en el destino de los recursos. La gran cantidad de fondos públicos no se traduce en calidad educativa porque el dinero se esfuma prioritariamente en infraestructura física y en el pago de nóminas clientelares y salarios que no rinden el fruto esperado. Duele, pero así es la verdad cuando no nos gusta.
El sistema se ha enfocado en la inauguración de aulas (y está bien, pero ¡caramba!) y el mantenimiento de una estructura burocrática pesada, dejando de lado la excelencia académica. Además, el modelo carece de profesores comprometidos con entender la necesidad urgente de actualizarse, capacitarse y adecuarse a los nuevos tiempos.
El principal responsable de este estancamiento es el Ministerio de Educación (Minerd), entidad estatal encargada por ley de dirigir y velar por la política educativa del país. Su gestión institucional ha demostrado ser ineficiente para transformar la inversión en resultados tangibles en las aulas.
Las estadísticas del propio Estado evidencian el derroche. En 2013, cuando se ejecutó por primera vez el histórico presupuesto del 4% del PIB para la educación preuniversitaria, el monto asignado ascendió a RD$99,628.1 millones. Doce años después, para el presupuesto de 2025, la partida vigente escaló a la astronómica cifra de RD$309,832.1 millones.
Este incremento representa una abismal diferencia de RD$210,204 millones, lo que se traduce en un aumento porcentual del 211% en los recursos anuales puestos en manos de las autoridades.
Haber triplicado el dinero público solo para mantener al país en el sótano académico mundial de la OCDE es la prueba irrefutable de que la estrategia financiera y pedagógica del Minerd no ha servido como se esperaba. La sociedad civil se movilizó por un presupuesto justo, pero el Estado lo convirtió en un pozo sin fondo de ineficiencia.
El país no puede seguir hipotecando el futuro de sus jóvenes ni malgastando el esfuerzo fiscal de los contribuyentes. ¡Revísemonos!
