Cuando una empresa dominicana contrata a un trabajador con un salario de RD$50,000 mensuales, suele asumirse que ese es el costo de crear y mantener ese puesto de trabajo. No lo es.
El salario es solo la remuneración directa que recibe el trabajador. Desde la perspectiva empresarial, el costo real del empleo incluye contribuciones a la seguridad social, aportes al Infotep, salario de Navidad, vacaciones, riesgos laborales, eventuales bonificaciones, provisiones por cesantía y preaviso, así como una serie de costos indirectos derivados de la gestión del capital humano.
Esta diferencia entre salario y costo laboral resulta relevante en un país donde la formalización del empleo sigue siendo uno de los principales desafíos económicos. Aunque el mercado laboral dominicano ha mostrado avances, la informalidad todavía afecta a más de la mitad de los trabajadores. En el cuarto trimestre de 2025 alcanzó 54.2% de los ocupados y el promedio anual se situó en 54.1%.
Por ello, una discusión seria sobre reforma laboral debe comenzar con la pregunta: ¿cuánto cuesta realmente crear y mantener un empleo formal?
Más allá del salario
En República Dominicana, el empleador aporta actualmente 7.09% al Seguro Familiar de Salud y 7.10% al Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia. A esto se suma el Seguro de Riesgos Laborales, financiado por la empresa, y el aporte al Infotep, 1% de la nómina sujeta a contribución. Estas obligaciones representan alrededor de un 16 % adicional a la base salarial, aunque el porcentaje efectivo puede variar debido a los topes de cotización establecidos por la legislación.
Por ejemplo, un trabajador con salario mensual de RD$50,000. Su remuneración anual asciende a RD$600,000. Sobre esa base, la empresa deberá asumir entre RD$8,145 y RD$8,245 mensuales por los aportes mencionados. Esto significa que el costo mensual inmediato del puesto se eleva a alrededor de RD$58,200 antes de considerar otros beneficios y contingencias.
A este monto debe agregarse el salario de Navidad. En nuestro ejemplo representa RD$50,000 adicionales anuales o cerca de RD$4,167 mensuales. Así, el costo mensual equivalente supera los RD$62,000, sin incluir bonificación, cesantía, sustituciones ni pérdidas de productividad.
Costo invisible del empleo
Las contribuciones legales no constituyen el único componente del costo laboral.
Las empresas también deben gestionar ausencias derivadas de vacaciones, licencias de maternidad y paternidad, matrimonio, fallecimiento de familiares, enfermedades, accidentes y capacitación. Estos derechos poseen una legítima función social. No obstante, también generan implicaciones operativas que rara vez forman parte del debate público.
Cuando un trabajador se ausenta, la empresa puede verse obligada a redistribuir funciones, pagar horas extras, contratar personal temporal o asumir reducciones transitorias de productividad. El verdadero costo adicional no siempre es el salario pagado durante la ausencia, sino la necesidad de mantener la continuidad operacional.
La licencia por maternidad ilustra claramente esta realidad. El sistema dominicano contempla un subsidio financiado por la seguridad social para trabajadoras que cumplen los requisitos establecidos. Sin embargo, la organización debe encontrar mecanismos para sustituir temporalmente esa posición. Ese es un costo económico real que no suele aparecer en las estadísticas tradicionales.
Por ello, resulta útil hablar de un “costo invisible del empleo”, integrado por sustitución, reorganización, capacitación y reducción temporal de productividad de la empresa.
Costo e informalidad
La relación entre costo laboral y formalización merece especial atención. Los datos más recientes muestran avances importantes en el mercado laboral dominicano. Durante el primer trimestre de 2025 la informalidad descendió a 53.4%, el nivel más bajo registrado por la serie estadística del Banco Central, mientras que los ocupados formales aumentaron en más de 188,000 personas frente al mismo período del año anterior.
Asimismo, durante 2025 la economía generó aproximadamente 133,915 nuevos empleos netos y cerca del 98.5 % correspondió al sector formal, según datos del Banco Central.
Estas cifras sugieren que la formalización no depende únicamente del marco legal. También está estrechamente vinculada al crecimiento económico, la productividad y la capacidad de las empresas para absorber los costos asociados al empleo formal.
La productividad
Aquí aparece probablemente el aspecto más importante de todo el debate.
Un trabajador que cuesta RD$70,000 mensuales no necesariamente es caro. Si genera RD$150,000 en valor agregado puede representar una inversión altamente rentable. En cambio, un trabajador que cuesta RD$50,000 y produce menos valor puede constituir un problema económico.
Por esta razón, economistas y organismos internacionales utilizan cada vez más el concepto de Costo Laboral Unitario (CLU), que relaciona el costo total del trabajo con la productividad. Este indicador permite evaluar cuánto cuesta producir una unidad de valor agregado y constituye una referencia clave para medir competitividad.
Bajo este enfoque, salarios más altos no necesariamente reducen la competitividad. Si la productividad crece al mismo ritmo o más rápido que los sueldos a pagar, el costo laboral unitario puede mantenerse estable o incluso disminuir.
La pregunta, por tanto, deja de ser sobre cuánto cuesta el trabajador y pasa a ser cuánto valor genera.
Experiencia internacional
Las comparaciones internacionales muestran que el desafío no consiste únicamente en reducir cargas laborales.
Costa Rica ofrece un ejemplo relevante. Diversos análisis asociados a la OCDE señalan que alrededor del 40% de los trabajadores costarricenses permanece en la informalidad, aun contando con uno de los sistemas de protección social más robustos de la región.
La principal lección es que los sistemas de protección social necesitan estar respaldados por empresas productivas, capacidad contributiva y condiciones favorables para la formalización. (oecd.org).
Reforma sobre evidencia
La discusión sobre el costo del trabajo no debe convertirse en una confrontación entre empresarios y trabajadores.
Las empresas necesitan competitividad y previsibilidad. Los trabajadores requieren salarios dignos y protección social. El Estado necesita formalidad, productividad y sostenibilidad fiscal. Los tres objetivos son compatibles, pero solo pueden alcanzarse mediante políticas fundamentadas en evidencia.
Por ello, cualquier reforma laboral moderna debería orientarse a reducir costos innecesarios de formalización, simplificar procesos, fortalecer la capacitación, incentivar la innovación y elevar la productividad del trabajo.
En última instancia, el verdadero desafío para República Dominicana no consiste en tener trabajadores más baratos, sino en contar con trabajadores más productivos, mejor remunerados y adecuadamente protegidos, dentro de empresas capaces de innovar, crecer y competir.
Si el país aspira a alcanzar las metas de desarrollo hacia 2036, la ecuación estratégica debe integrar cinco elementos inseparables: productividad + formalidad + salarios dignos + protección social + competitividad empresarial.
Ese es el debate que realmente importa. Porque el desarrollo no se construye reduciendo el valor del trabajo, sino aumentando el valor que los trabajadores son capaces de generar en los procesos productivos.
