El proceso de consolidación de la Independencia Nacional dominicana, proclamada en febrero de 1844, no solo dependió de las armas, sino también de una profunda e intrincada transformación económica. Hace 182 años que también se firmó la primera Carta Magna, la Constitución, en un contexto de profunda crisis económica y presiones financieras de parte del nuevo gobierno.
La clase media de entonces lideró un proceso en el que se jugaba la existencia del naciente Estado, surgido a partir de la decisión de sectores económicamente con poder y con mucho que perder. Una vez proclamada la independencia era necesario establecer las reglas generales que darían soporte jurídico al Estado.
La primera Constitución de la República Dominicana fue firmada el 6 de noviembre de 1844, en San Cristóbal, por 33 diputados constituyentes, quienes actuaron en representación de las diferentes demarcaciones de la recién fundada nación. La comisión redactora del proyecto constitucional estuvo integrada por Vicente Mancebo, Buenaventura Báez, Manuel María Valencia, Julián de Aponte y Andrés Rosón.
Un análisis detallado elaborado por el historiador dominicano Juan de la Cruz para este medio examina cómo las dinámicas comerciales, agrarias y de tenencia de la tierra configuraron el nacimiento de la emergente nación dominicana tras el fin de la ocupación haitiana.
De acuerdo con De la Cruz, la unificación isleña encabezada por Jean-Pierre Boyer a partir de 1822 rompió con tres siglos de monopolio colonial español, abriendo el comercio local a potencias como Francia, Estados Unidos, Inglaterra y Holanda. Esto estimuló la exportación de rubros como el tabaco, maderas preciosas, café y ganado.
Sin embargo, el hito más radical fue la abolición de la esclavitud y la posterior confiscación de tierras de la Iglesia católica y latifundistas emigrados. “Este sistema de distribución hizo posible el surgimiento del campesinado dominicano”, explica el historiador. Cerca del 40% de la población adulta, en un territorio que no superaba los 100,000 habitantes, pasó a ser propietaria de tierras, impulsando el crecimiento de una pequeña burguesía comercial.
Las cargas impuestas por el régimen de Boyer, destacando la deuda externa con Francia y el restrictivo Código Rural de 1826 que limitaba las libertades campesinas, avivaron el malestar social que los trinitarios liderados por Juan Pablo Duarte capitalizaron hacia la separación de 1844.
Al nacer la República, la economía se sustentaba en la ganadería y la madera en el sur y este, y en el tabaco en el Cibao. Sin embargo, los años de conflictos bélicos, el reclutamiento de miles de agricultores y la carencia de vías de comunicación impidieron consolidar un mercado nacional integrado, fomentando fuertes regionalismos y un comercio exterior más activo que el interno.
Para 1840, la industria era prácticamente inexistente, reducida a labores artesanales y familiares como el procesamiento de tabaco y pequeños trapiches. El trabajo asalariado era una excepción y la agricultura dependía del peonaje con herramientas rudimentarias. El cese de las amenazas de invasión en 1856 permitió finalmente que el país comenzara a sentar las bases de su organización económica autónoma
