El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad, luego de tres aplazamientos del debate definitivo, una reforma parcial de la ley eléctrica para propiciar la inversión privada y extranjera en el sector, cuya prolongada crisis se ha agravado este año con el crecimiento de la demanda y en medio de la apertura petrolera.
La nueva Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, que se suma a otras modificaciones del marco legal venezolano para abrir sectores estratégicos al capital extranjero, establece que la actividad de generación “será ejercida por la empresa operadora del Estado, así como por empresas mixtas y privadas que cuenten con la habilitación correspondiente”.
Las concesiones a empresas privadas podrán ser otorgadas hasta por un plazo máximo de 25 años, según la norma. El presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, dijo durante la discusión que la ley “no promueve en modo alguno la privatización” del sector pero sí “la apertura para que sectores privados puedan incorporarse a la generación y a la autogeneración de electricidad”.
Tras la votación, el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, calificó de “necesaria” la apertura del sector, nacionalizado en 2007 por el fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013). En ese sentido, el diputado explicó que la reforma permitirá que el sector privado “también pueda proporcionar el servicio, (…) sobre todo a los grandes consumidores, a las industrias, a los centros comerciales”.
Las concesiones serán otorgadas por el Ministerio de Energía Eléctrica para una generación que supere los 50 megavatios (MW) o que involucre o afecte “bienes de dominio público, sistemas de transmisión troncal, distribución y comercialización en áreas de servicio exclusivo o sistemas integrados de escala regional”, reza el texto.
Una vez concluida la habilitación, la empresa operadora deberá restituir y transferir a la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) o a “quien se designe, libres de gravámenes, todos los bienes incorporados, construidos o adquiridos durante su vigencia”.
La norma también señala que las dudas y controversias de cualquier naturaleza que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes podrán ser decididas por los tribunales venezolanos o “mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitraje”.
Sobre las empresas petroleras, la ley establece que deben “asegurar y garantizar el suministro continuo, regular, confiable, suficiente y estable de energía eléctrica para la ejecución de las actividades primarias, mediante modelos de autogeneración, cogeneración o contratación de terceros, dirigidos a asegurar su autonomía operativa”.
Las compañías petroleras y las sociedades de generación eléctrica independiente no requieren autorización del Estado “para generar energía destinada a sus redes internas, salvo cuando se interconecten” a la red nacional.
Sanciones
La ley advierte que las empresas serán objeto de sanciones de hasta un 2% de sus ingresos brutos “correspondientes a los doce meses anteriores al mes en que se hubiere cometido la infracción” por hechos como el incumplimiento de normas aplicables a instalaciones, de instrucciones y del “deber de suministrar a la autoridad competente la información que esta solicite”, entre otros.
Además, será motivo de sanción la “negativa injustificada a permitir las verificaciones e inspecciones”.
El texto también establece penas de dos a cinco años de prisión por el hurto de equipos y de dos a seis años por hurto de “energía eléctrica con fines de lucro mediante conexiones de más de 5,000 kilovatios hora al mes no autorizadas por la empresa operadora”.
Venezuela sufre una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado, lo que ha generado protestas en distintos estados del país.
La oposición y expertos argumentan que las fallas en el sistema se deben a la corrupción y la falta de mantenimiento, aunque el Gobierno asegura que el problema es por las sanciones, fenómenos climáticos y supuestos sabotajes. Delcy Rodríguez prometió recientemente que “pronto” llegará el alivio a la crisis.
