El sistema bancario dominicano está entre los de mayor retorno sobre el patrimonio de la región, pero su crédito al sector privado sigue entre los más bajos. Esta serie busca explicar por qué el financiamiento no llega a más empresas.
Hace algunas semanas, en una reunión en la Superintendencia de Bancos (SB), escuché una cifra que luego circuló en la prensa: unas 40,000 empresas tienen financiamiento, frente a un universo cercano a 400,000. Apenas una de cada diez. El dato tiene matices, pero deja una pregunta que se sostiene con o sin él. ¿Cómo es posible que una de las bancas más rentables de la región preste tan poco en relación con el tamaño de la economía?
Según la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), la banca dominicana cerró 2025 con un retorno sobre el patrimonio (ROE) del 19.3%, el más alto de América Latina, por delante de Uruguay (18.4%) y Perú (17.7%), con un promedio regional del 14.2%. En el primer semestre de 2026, su ROE anualizado subió al 21%, aunque esta vez quedó tercera, superada por esos mismos dos países (23.4% y 22.8%).
El crédito, en cambio, es escaso. Según el Banco Mundial, lo que los bancos dominicanos prestaban al sector privado equivalía en 2024 al 30.9% del PIB, 17 puntos por debajo del promedio de América Latina y el Caribe y el quinto nivel más bajo entre 16 países. La distancia se ha acortado desde 2015, sin cerrarse.
Esas cifras de rentabilidad hay que matizarlas. La inflación dominicana de 2025 (4.95%) fue más alta que la de Uruguay (3.65%) y la de Perú (1.51%), de modo que, descontado ese efecto, ambos países ya la superaban ese año. El retorno sobre activos, un indicador que no depende directamente del apalancamiento, también está entre los más altos: 2.3% en el primer semestre de 2026, solo por debajo del de Panamá. Las utilidades, además, permiten capitalizar a los bancos, y el país aprendió en 2003 lo caro que sale una banca frágil.
Rentabilidad alta y crédito bajo no siempre van juntos. Uruguay, con una banca tan rentable como la nuestra o más, tiene una profundidad similar (30.5%); Perú llega al 39.6%, y Chile, con un ROE cercano al promedio regional, supera el 75%. Entre los factores de la diferencia están cuánto colocan los bancos en el Estado y qué parte de la economía opera en la informalidad.
En el caso dominicano, según el Fondo Monetario Internacional, en 2024 el 28% de los préstamos e inversiones de los bancos era deuda pública, frente al 20% en 2014: unos 18 puntos en bonos de Hacienda y unos 10 en papeles del Banco Central. Esos instrumentos pagan tasas atractivas y casi no consumen capital regulatorio. Los del Banco Central forman parte de la política monetaria: sirven para retirar liquidez del sistema. Con los de Hacienda, la pregunta es si el Gobierno compite con las empresas por los mismos recursos.
A eso se suma la concentración. Los tres bancos más grandes reúnen más del 68% de los activos y más del 70% del saldo prestado a las mipymes, una participación acorde con su tamaño. El grueso de ese financiamiento depende así de las decisiones de pocas entidades, y si la competencia es limitada, hay menos presión para buscar clientes nuevos y más difíciles de evaluar.
El crédito a las mipymes crece. A mayo de 2026 sumaba RD$578,774 millones, un 9.8% más que un año antes en pesos corrientes, según la Superintendencia. En el mismo período, el número de deudores mipyme aumentó apenas un 1.6%. Esa diferencia puede reflejar negocios en expansión, pero también préstamos nuevos que van sobre todo a quien ya era cliente.
A ese segmento, además, el financiamiento le llega más caro que a las grandes empresas. La banca tiene motivos para prestar con cautela, y algunos son atendibles. Muchos solicitantes no llevan estados financieros y, cuando un préstamo cae en mora, cobrarlo por la vía judicial toma tiempo. No todas las firmas buscan crédito: en la encuesta nacional de mipymes de 2023, la mayoría de las que no lo obtuvieron en 2022 dijo no necesitarlo, aunque una de cada nueve no creía que se lo darían.
La morosidad del sistema, del 1% a junio de 2026 y la más baja de la región según Felaban, suele leerse como señal de una selección cuidadosa. Lo que no sabemos es cuántas empresas que podrían pagar quedan fuera por ese mismo filtro.
La cifra del principio se citó como empresas registradas, pero las 400,000 coinciden con los cerca de 404,000 establecimientos mipymes, formales e informales, que contabilizaron el Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes en su levantamiento de 2022. Muchos de ellos no podrían recibir un préstamo bancario aunque una entidad quisiera dárselo, lo que obliga a medir la brecha de acceso con más cuidado.
En próximas entregas quiero entender si a un banco dominicano le resulta menos atractivo prestarle a una mipyme que destinar su dinero a otros usos y, si es así, cuánto de eso tiene que ver con la regulación.




