[dropcap]E[/dropcap]n julio de 2007 entró en vigencia la Ley 167-07 para la Recapitalización del Banco Central dominicano. La idea con esta legislación era que en un plazo de diez años el Gobierno le fuera transfiriendo al Banco Central una partida presupuestaria suficiente para cubrir gran parte del déficit cuasifiscal anual de la institución.
Ese déficit cuasifiscal es lo que el Banco Central paga como intereses por los certificados que emite cada año y que se van acumulando a partir del salvamento de los ahorristas de los bancos que quebraron en 2003.
Desde 2007 y hasta 2016 el Gobierno haría las transferencias con base en un porcentaje del producto interno bruto (PIB) y en forma paralela el Ministerio de Hacienda emitiría bonos que sustituirían los certificados. Al cabo de una década casi la totalidad de la deuda acumulada del Banco Central quedaría trasferida a Hacienda, así como el compromiso de los pagos de intereses.
Las transferencias serían de la forma siguiente: en 2007 el 0.5% del PIB, en 2008 el 0.6%, en 2009 el 0.7% y así sucesivamente en partidas que aumentaban una décima de punto porcentual del PIB cada año hasta llegar al 1.4% del PIB en 2016. A partir de 2017 esas transferencias se irían reduciendo, pero nunca por debajo del 1% del PIB anual.
Pero a partir de 2013 el Gobierno decidió reducir la partida correspondiente a la recapitalización porque tenía que enfrentar en parte el déficit fiscal heredado de años anteriores, por lo que en lugar de aportar ese año el 1.1% del PIB para la recapitalización del BC, sólo aportó 0.7% y así ha ocurrido cada año hasta ahora.
Se estima que entre 2013 y 2016 el Gobierno, al sólo transferir al BC el 0.7% del PIB, dejó de entregarle el equivalente a RD$65,500 millones, recursos que debieron cubrir parte del déficit cuasifiscal de cada año. Como esos fondos no fueron aportados por el Gobierno, el BC tuvo que hacer más emisiones de certificados con el objetivo de captar los recursos que a su vez se usaron para pagar los intereses acumulados, es decir, el déficit cuasifiscal.
Pero, ¿qué implica el hecho de que el Gobierno, en vez de transferir el equivalente al 1.4% del PIB como recapitalización anual al BC solo le esté transfiriendo el 0.7%? Eso implica que el déficit cuasifiscal del BC tardará más de la década programada en la ley para desmontarse, además de que la deuda por los certificados sigue en esa institución y no en Hacienda como debió ser transferida, si no en su totalidad, por lo menos en una buena proporción.
En resumidas cuentas, la Ley 167-07 de Recapitalización del BC no cumplió su cometido de solución al déficit cuasifiscal en una década (2007 a 2016) y es preciso que en algún momento el Gobierno deje sin efecto el desmonte y retome el aporte completo de recapitalización.
Además, al no transferir los recursos de recapitalización al BC, el Gobierno automáticamente le transfiere parte de su déficit fiscal en una proporción similar.
Por ejemplo, suponga que para este año 2017 el Gobierno anuncia que su déficit fiscal será de 2.3% del PIB. La realidad es que su déficit real será de 3.0%, porque hay un 0.7% del PIB que no se registra como déficit en las finanzas públicas, pero sí en los estados de balance del Banco Central, pues es, precisamente, el equivalente en dinero que el Gobierno le dejó de transferir como recapitalización. Esa es una parte del déficit fiscal que baja, pero que al mismo tiempo sube al convertirse en parte del déficit cuasifiscal del BC.
Ante esa práctica que se viene registrando desde 2013 y que se mantiene, incluso este año, surge la pregunta: ¿Cuánto tiempo más el Gobierno pretende seguir recortando las partidas de recapitalización del BC como estrategia de “camuflaje” de una parte de su déficit?
Esa práctica puede ser efectiva en el corto y mediano plazos, pero no en los años por venir, con un creciente endeudamiento en certificados y constante incremento del déficit cuasifiscal en paralelo con el déficit fiscal. Al final es: (déficit + déficit = más déficit).
