La oposición venezolana protestó este sábado en Caracas y algunas otras ciudades del país en rechazo al “golpe de Estado” que, a su juicio, perpetró el Tribunal Supremo y pidió continuar con las movilizaciones pese a que el órgano judicial dejó sin efecto su decisión de asumir las funciones del Parlamento.
Una de las protestas se originó tras una “sesión especial de calle” de la Asamblea Nacional (AN) en la plaza Brión de Chacaíto, en el este de Caracas, donde algunos cientos de venezolanos acudieron en defensa del Poder Legislativo y de los diputados a quienes el Supremo, además, limitó su inmunidad.
Convocados por la alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD), los opositores se congregaron en esa plaza para rechazar las últimas acciones del Supremo que, afirman, son coordinadas junto al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y en detrimento de la democracia.
Desde Chacaíto, los opositores comenzaron una movilización hacia la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de la ciudad.
Los manifestantes criticaron que el defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, no se haya pronunciado acerca de lo que consideran un “golpe de Estado” y demandaron que lo hiciese hoy mismo en contra.
La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB, policía militar) impidió a los manifestantes llegar hasta la sede de la Defensoría con el uso de gases lacrimógenos y la presencia de tanquetas antimotines que bloquearon su camino.
El diputado opositor Juan Requesens, del partido Primero Justicia (PJ), criticó que la GNB les impidiese el paso e invitó a los venezolanos a salir a las calles a manifestarse.
“A nosotros nos toca ser más guapos (fuertes) y darle duro en la calle (…) salgan sin miedo, aquí estamos los diputados dando el resto de lo que tenemos. Si salimos todos juntos no hay balas ni policías que puedan contra nosotros”, afirmó en declaraciones a los periodistas.
Por su parte, el diputado opositor Armando Armas expresó a través de Twitter: “No podemos retroceder ante la arremetida de la dictadura, ¡ya basta de los abusos de este régimen indolente!”.
Armas además difundió un vídeo en el que se puede ver cómo los manifestantes intentaron pasar a través de un piquete de la GNB y fueron repelidos.
También el parlamentario Miguel Pizarro denunció a través de las redes sociales que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) le rociaron gas pimienta en la cara en tres ocasiones distintas, mientras que los diputados opositores José Guerra y Amelia Belisario resultaron afectados por los gases lacrimógenos.
Previamente, y desde donde partió la movilización, el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, aseveró que el “golpe de Estado” que dio el TSJ no se puede “corregir” suprimiendo una sentencia.
“El Tribunal Supremo de Justicia pretende maquillar un muerto (…) Que no crea que tachando una palabra en esa sentencia corrigen el muerto, la sentencia es la culminación de un golpe de Estado que han venido dándonos desde años”, dijo.
Esta posición fue apoyada por el exjefe del Parlamento, el diputado opositor Henry Ramos Allup, quien adelantó que, además, desde el Legislativo plantearán la destitución de los magistrados.
Ramos Allup consideró que la marcha atrás del Supremo “no resuelve nada” y calificó de “malhechores” y “delincuentes” a los miembros del Supremo.
Borges aseguró que a partir de este sábado se iniciaron “de nuevo” las actividades de calle “para lograr la libertad definitiva de Venezuela”.
El máximo tribunal venezolano anunció hoy que renuncia a asumir las funciones del Parlamento.
El tribunal afirmó que “suprime” algunas partes de la citada sentencia y que se deja sin efecto su anterior decisión.
El dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, señaló hoy que con estas “aclaratorias” del máximo tribunal “no está resuelto el golpe de Estado”, y pidió que estas sentencias sean anuladas.
El Supremo dio marcha atrás a raíz de que ayer, viernes, el Consejo de Defensa de la Nación, un órgano de consulta que reúne a los poderes públicos, pidiera a la corte que revisara las sentencias después de que la fiscal general, Luisa Ortega, alertara sobre una “ruptura del orden constitucional”.
Capriles, a través de Twitter, calificó al Consejo como “otra reunión más de la cúpula del PSUV” (el gobernante Partido Socialista Unida de Venezuela).
