[dropcap]E[/dropcap]xiste la presunción de que la corrupción es un elemento generador de pobreza. Esto implica que, a mayores niveles de corrupción, habrá una cantidad de pobres más elevada. El problema, sin embargo, es ¿cómo medir la corrupción?, ¿cuánta corrupción puede haber en una sociedad?
Algunos estudiosos afirman que la dificultad es que no existe una teoría de la corrupción, pues esta es clandestina, no hay una víctima inmediata que llame la atención de las autoridades, muchas veces los que la pueden combatir desde el gobierno están involucrados, y siempre es sensible desde el punto de vista político (Del Castillo, 2001).
El soborno, de su lado, aunque es una forma de corrupción, opera bajo otros matices. Dice Klitgaard (1988) que el soborno es un intercambio entre dos actores, en donde “un actor, el sobornador, ofrece incentivos o recompensas ilegales, como dinero o regalos, para manipular la decisión o el juicio de un funcionario público en favor de su propio interés.
El funcionario, a cambio, actúa en concordancia con la petición del sobornador, que le proporciona el beneficio”. Obviamente, para que se dé una transacción vía soborno, existe un valor económico subyacente, y unas expectativas, un motivo o un mandato, y un esquema operativo.
El valor económico detrás del soborno constituye la ganancia esperada por la cesión institucional del derecho a una oportunidad de negocio, lo cual no sería malo si no se diera en un esquema de corrupción. Lo otro es que las expectativas de los involucrados son casi siempre altas, pues nunca se trabaja solo y hay obligación de repartir los beneficios.
En el caso del motivo o mandato, puede ocurrir la existencia de redes que cohabitan en una estructura organizacional, en donde mucha gente tiene que ver con la decisión. A todo esto, debe existir un esquema operativo que facilita la transacción, en tanto los sistemas de castigo a la corrupción brillan por su ausencia.
Algunos han querido desviar la atención sobre la naturaleza del soborno, y la han comparado con el lobbismo, que puede tener matices de corrupción, pero que en determinados mercados es legal.
Conceptualmente, lo grave es que existe un costo social marginal que se eleva en la medida en que el soborno se establece como el principal mecanismo de corrupción, mientras que el costo propio de la corrupción es la cantidad de niños que se quedan sin educación y salud, en una sociedad que, de por sí, ya era desigual.