El Gobierno de Puerto Rico da a partir de este lunes los primeros pasos en la dirección de anexionar la isla a Estados Unidos con el aval del apoyo mayoritario obtenido en el plebiscito, no vinculante, del domingo, camino incierto sobre el que EE.UU. no se ha pronunciado.
La representante del Gobierno de Puerto Rico ante el Congreso estadounidense, Jenniffer González, dijo que el apoyo del 97% de los votantes a la anexión a EE.UU. es la mejor carta de presentación para que en la capital estadounidense comience a tomarse en serio ese objetivo del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP).
La oposición, que durante la campaña pidió a sus seguidores que boicotearan la consulta por no haber contado con ellos el Gobierno para pactar las preguntas, recordó que la participación fue de solo el 22.9%, un porcentaje que a sus ojos desacredita el plebiscito y cualquier pretensión del Ejecutivo que lidera Ricardo Rosselló de presentar los resultados como un respaldo a su objetivo.
El Gobierno de EEUU no se ha expresado de forma oficial sobre la consulta, como tampoco lo ha hecho el Congreso estadounidense, a cuyos poderes plenipotenciarios está sujeto este territorio caribeño con poco más de 3.5 millones de habitantes ligado al país norteamericano desde 1898 con motivo de la Guerra hispano-estadounidense.
González, cuyo cargo es el de comisionada residente, un representante sin voto en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, asegura que ese 97 % a favor de la anexión es un mandato claro del pueblo de Puerto Rico para que las autoridades estadounidenses acepten comenzar un camino que pueda llegar a que la isla se convierta en el estado 51 de EEUU.
“Durante la semana pasada muchos de mis colegas del Congreso han dicho que respetarían y apoyarían la voluntad de los ciudadanos estadounidenses que viven en el territorio -Puerto Rico-, tal y como se expresara en el plebiscito”, dijo la funcionaria estadounidense.
González sostuvo en cuanto a la estrategia a llevar a cabo para conseguir el objetivo de crear un ambiente en Washington en favor de la anexión que presionará a los congresistas, sin dar más detalles.
En cuanto a la baja participación, dijo que “la democracia es de los que votan”.
Sobre los pasos a seguir que hoy mismo comenzarán a darse para dar a conocer en Washington el sentido del voto del plebiscito del domingo, el gobernador Rosselló dijo que en breve se nombrarán los miembros de una Comisión de Igualdad que serán los encargados de trabajar ante el Congreso en Washington para crear un ambiente favorable a la anexión.
Esa plan se incluye en la ley conocida como “Plan Tennessee”, que establece el envío de una misión a Washington para presentar el resultado y gestionar su aprobación ante el Congreso de EE.UU.
Rosselló ha repetido durante la campaña que la consulta contaba con el aval de las autoridades estadounidenses, lo que desde su punto de vista quedó refrendado con la presencia de observadores llegados desde EEUU para seguir sobre el terreno la votación.
La oposición rebate a Rosselló que el único aval al que se refiere el gobernador son los 2,5 millones de dólares destinados como partida para la consulta en el último presupuesto del Gobierno de Barack Obama (2009-2017) y que fue aprobado por el Congreso.
Esa partida, según los partidos de la oposición, respondería a la necesidad de EE.UU. de justificar que atiende el problema del estatus político de Puerto Rico, después de que en el plebiscito sobre el mismo asunto de 2012 -que se hizo coincidir con las lecciones generales- una mayoría de puertorriqueños se pronunciara en contra del presente estatus de la isla.
Héctor Ferrer, presidente del Partido Popular Democrático (PPD), el principal de la oposición, recalca que las pretensiones del Gobierno carecen de validez al haberse abstenido -siguiendo su consejo- ocho de cada diez de los inscritos para votar.
La vicepresidenta del más minoritario Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, dijo que el plebiscito fue inútil y que se constató que la anexión fue derrotada.
Las consulta sobre la relación política de Puerto Rico respeto a Estados Unidos fue la quinta de la historia después de las de 1967, 1993, 1998 y 2012, que no sirvieron para que Estados Unidos atendiera el asunto del estatus político de la isla.
