Los puertorriqueños acuden a las urnas el domingo para votar sobre la relación política con Estados Unidos, plebiscito no vinculante y con poco ambiente en la calle que el Gobierno presenta como una consulta que tendrá valor ante Washington.
El Ejecutivo de Ricardo Rosselló, que favorece la opción de plena anexión de la isla a EEUU, ha centrado sus esfuerzos durante la fase final de la campaña -con escaso atractivo para la ciudadanía- en transmitir la idea de que el resultado del domingo 11 tendrá, por fin, consecuencias para el Congreso estadounidense.
La consulta será la quinta en la que se convoque a los puertorriqueños para preguntarles sobre la relación política entre Estados Unidos y Puerto Rico, un territorio del país norteamericano sujeto a los poderes plenipotenciarios del Congreso estadounidense, que algunos ven como una colonia y otros, desde que se dotó en 1952 de Constitución, como un Estado Libre Asociado.
Los puertorriqueños podrán escoger entre las opciones de anexión o “estadidad” como se prefiere denominar a esa opción en Puerto Rico, la “libre asociación/independencia” y el “actual estatus territorial”.
Las consultas de 1967, 1993, 1998 y 2012 no sirvieron para nada, como, parece, tampoco lo será esta, aunque el Gobierno lanza el mensaje de que al haber dispuesto EE.UU. de una partida económica para la celebración del plebiscito este puede no caer en saco roto como lo hicieron todos los celebrados desde 1967.
El presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Fernando Marín, señala a Efe sobre ese punto que el Gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el poder ha tratado de presentar ante la opinión pública que esta consulta tendrá algún tipo de valor vinculante al haber un compromiso en Washington.
En realidad, explica Martín, doctor en Derecho por la Universidad de Harvard y con una maestría en Política Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, lo único que ha existido por parte de EE.UU. es el compromiso de destinar una partida para celebrar la consulta, siempre que esta se ajustará a la normativa estadounidense.
Martín detalla que el hecho de que EE.UU. haya dispuesto de una cantidad para realizar el plebiscito responde, precisamente, al resultado de la última consulta sobre el tema, en 2012, que se hizo coincidir con las elecciones generales y que deparó que el 53,97 % mostrará su disconformidad a la pregunta de si se estaba de acuerdo con el estatus presente.
“Ese resultado provocó que en Washington se tuviera que tener una respuesta para mostrar que no se desatendía el asunto”, precisó el abogado y líder del PIP, cuya formación boicotea la consulta por incluir la opción del actual estatus, para esta formación una forma de preservar la colonia.
El Gobierno del PNP, cuya razón de ser es la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos, aprobó para hacer posible la consulta la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico, una norma que, inicialmente, no incluía entre las opciones la del presente estatus, lo que provocó la exigencia de su inclusión por el Departamento de Justicia de EEUU.
El gobernador Rosselló no tuvo más remedio que introducir una enmienda al proyecto del plebiscito para satisfacer la demanda del Departamento de Justicia federal.
Martín recuerda que a pesar de que se introdujo la enmienda, el Departamento de Justicia federal nunca llegó a dar el visto bueno al texto de la ley.
El punto de vista es distinto para el miembro del gobernante PNP Kenneth McClintock, antiguo secretario de Estado de Puerto Rico y quien fuera presidente de su Senado, que apuntó a Efe que hay que tener en cuenta que nunca en la historia de EEUU se ha celebrado un plebiscito vinculante para que un territorio se anexionara a ese país.
McClintock subraya que la clave para avanzar en el objetivo de su partido en convertir a Puerto Rico en un nuevo estado de EEUU pasa por convencer a los republicanos en Washington, que ven a la isla como un territorio potencial votante mayoritario de los demócratas.
La legislación aprobada en Puerto Rico establece que caso de imponerse la “libre asociación/independencia” quedará automáticamente convocado un referéndum para el 8 de octubre de 2017 en el que los electores solamente podrán escoger entre las alternativas de soberanía separada de EEUU con un tratado voluntario de libre asociación o independencia.
La principal formación opositora, el Parido Popular Democrático (PPD), partidario de perpetuar el actual estatus, ha pedido a sus simpatizantes que boicoteen la consulta por no haber contado el Gobierno con su participación para elaborar las preguntas del plebiscito.
