[dropcap]A[/dropcap]plausos para el Gobierno porque logró colocar US$500 millones en bonos para garantizar que no se detenga la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina. Algo muy positivo fue la tasa de interés de 5.10% a diez años. No se puede pedir más. Podríamos decir que partiendo del contexto político-judicial en que se encuentra República Dominicana es una verdadera proeza.
¿Cómo se logra colocar US$500 millones en bonos para un proyecto que es construido por la empresa protagonista del escándalo de corrupción más grande en la historia dominicana y que involucra a una decena de países? Y que quede claro: apoyamos la esencia y justificación de estas plantas, pero su proceso quizá debió haber sido más convincente desde el punto de vista de la transparencia.
Esta colocación tiene diversas lecturas: Primero, el país genera confianza en el mercado de capitales; segundo, los inversionistas sólo quieren ganar dinero y no les importan los escándalos; tercero, las tasas de interés, por lo menos en este caso, no están sujetas únicamente al nivel de riesgo; y cuarto, el costo de oportunidad no fue tomado en cuenta por quienes compraron los bonos, pues debieron entender que el país anda detrás de dinero “al costo que sea” para finalizar este proyecto tan importante, cuyos recursos provenientes de Brasil no pudieron llegar (y sabemos por qué).
Una quinta lectura sería reconocer la capacidad de negociación del equipo que logró la colocación. Fue liderada por Hacienda, mientras que los líderes de la transacción fueron los bancos de inversión Drexel Hamilton, Stifel y Jeffries. BanReservas fue el como co-manager.
Tuvieron suerte en lograr esa tasa, pues al 31 de marzo los precios de los bonos soberanos externos dominicanos presentaron un comportamiento al alza respecto al año anterior, observándose un incremento en todos los bonos a excepción del bono al 2018.
Pero caben algunas preguntas más: ¿Están claros los fundamentos jurídicos de esta emisión? ¿Dónde está el prospecto? ¿Por qué no se hizo con JP Morgan, como los US$1,200 millones de enero? ¿Cómo va el cronograma autorizado de financiamiento de este año? La Ley 687-16, que sustenta esta emisión, autoriza a emitir hasta US$600 millones en sustitución de los recursos que debieron llegar del Banco de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil, que serían de US$656,008,078.
Debe quedar claro que los US$1,200 millones de enero fueron para financiar el Presupuesto, o sea, no estaban destinados a las plantas de Punta Catalina. Se destaca, en la emisión de estos US$500 millones, que la oferta apenas duró tres horas y que la demanda fue de US$1,800 millones, es decir, 3.6 veces lo ofertado.
Pero hay algo que no me queda lo suficientemente explícito. Mi duda surge a partir del artículo 48 de la Ley 690-16 de Presupuesto de 2017. Y dice: “Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a negociar y concertar operaciones de Crédito Público, para apoyo presupuestario, por un monto de hasta US$850,000,000”. ¿Por qué, entonces, fueron emitidos US$1,200 para apoyo presupuestario en enero? No entiendo o mi matemática no funciona. ¿Para qué son los otros US$350 millones? ¿Para Punta Catalina? Que alguien me aclare estas dudas.
