[dropcap]R[/dropcap]epública Dominicana tiene estabilidad de precios. La inflación ha estado bajo control durante la última década, lo cual se ha traducido en un activo de la economía dominicana. Ha sido una de nuestras cartas de presentación en los mercados internacionales. Las inversiones generan bienestar y empleo, pero necesitan tranquilidad. Está demostrado que este país ha sabido proteger este bien común.
El Banco Central, es oportuno reconocerlo, ha sabido jugar su rol de mantener la estabilidad macroeconómica. Hay quienes podrían pensar que lo ha hecho por encima de sus posibilidades, a propósito del déficit fiscal, del lado del Gobierno, y el cuasifiscal generado a partir de la crisis financiera de 2003.
Hay razones para estar tranquilos respecto a las expectativas económicas a corto y mediano plazo. El país mantiene niveles de reservas internacionales aceptables, aunque hay una ligera disminución respecto a enero. Este año el Banco Central ha sacado alrededor de US$600 millones, un 9.2%, como parte de su política monetaria para mantener la estabilidad.
Los dominicanos, sin excepción, están comprometidos con garantizar otro bien común: la credibilidad. Por supuesto, quienes tienen el poder de tomar las decisiones más importantes tienen la mayor cuota de responsabilidad, pues se convierten en puntos de referencia. Empresarios, políticos (partidarios o no), organizaciones no gubernamentales, líderes comunitarios y las nuevas propuestas que habrán de surgir, en un contexto de reivindicaciones sociales y económicas, han de cumplir con su rol ante el país.
Sin embargo, a quienes administran el Estado les corresponde la cuota más sensible. El país está en medio de una tormenta que pone a pruebas su capacidad de respuesta. El sistema de justicia, por citar un caso, franquea una prueba de fuego. La credibilidad del proceso actual se refleja (o se reflejará), indefectiblemente, en otros aspectos de suprema importancia para la convivencia de los actores más significativos de la economía.
Los gremios empresariales, a través de sus líderes más connotados, han pedido actuaciones transparentes desde todos los ámbitos. Quizá el sector privado esté más interesado que nunca en que la sociedad marche con suficiente claridad, pues resulta ser de los más afectados por la madeja de irregularidades que permean algunos de los procesos burocráticos, restándole competitividad en la región.
La estabilidad económica debe ser asumida en la práctica cotidiana de quienes gobiernan. Sin embargo, como meta colectiva corresponde a todos hacerla una realidad sostenible. Desde el más humilde de los dominicanos hasta el más encumbrado de la sociedad, pasando por cada uno de los sectores predominantes, existe un compromiso implícito irrevocable con el futuro de República Dominicana. A nadie le conviene vivir en un período de inestabilidad que traiga desasosiego entre los entes productivos.
Llamar a todos los actores a apostar por una sociedad más equitativa, en la que haya oportunidades para lo que quieran emprender, es una propuesta que asumimos con la convicción de que sí es posible alcanzar el país que planificaron nuestros fundadores. La estabilidad es un activo de propiedad común, cuidarla también.
