Traspasar los recursos manejados a través del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (Fopetcons) a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) representa una decisión gubernamental oportuna, valiente y de estricta justicia legal.
Contenida en el Artículo 61 del Proyecto de Ley de Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, esta medida corrige una distorsión institucional que se ha prolongado innecesariamente por más de 25 años en detrimento de miles de trabajadores dominicanos de este sector.
El Fopetcons fue concebido bajo la Ley 6-86 en una época con realidades económicas muy distintas. Durante cuatro décadas, este fondo se nutrió del 1% del valor de las obras públicas y privadas, así como del 1% del salario de los propios obreros.
Sin embargo, con la promulgación de la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, el destino de estos recursos debió cambiar de forma inmediata. Esto no tiene discusión.
La legislación de 2001 establecía de manera clara que todos los fondos de pensiones dispersos debían unificarse y centralizarse bajo el amparo de un sistema robusto, fiscalizado y universal. Hay debilidades identificables en el Fopetcons.
Haber postergado esta transición por 25 años solo consolidó un esquema fragmentado que limitaba el verdadero potencial de protección de los trabajadores de la construcción.
Para este año 2026, el Fopetcons maneja un presupuesto de RD$2,339.6 millones. Resulta incoherente e ineficiente que una masa de recursos tan significativa, esfuerzo de miles de constructores y trabajadores, continúe administrándose al margen del sistema central de seguridad social.
Al trasladar la recaudación desde Impuestos Internos (DGII) a la TSS, el Gobierno no solo descentraliza cargas operativas innecesarias para la agencia tributaria, sino que eleva de forma decisiva los estándares de institucionalidad. La TSS cuenta con la infraestructura tecnológica, la capacidad técnica y los mecanismos de fiscalización necesarios para asegurar que cada peso recaudado rinda el máximo beneficio.
Además, la disposición de que el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) dicte las nuevas normas de administración garantiza un marco de gobernanza sólido, transparente y unificado. No hay duda: esto blindará los fondos contra discrecionalidades inadmisibles en tiempos de transparencia.
