La urgencia de acelerar la inversión pública en República Dominicana es una tarea impostergable para alcanzar el desarrollo real.
Durante años se ha señalado la necesidad de elevar el presupuesto destinado al gasto de capital, un motor indispensable para la competitividad y el bienestar social.
Sin embargo, los datos de la primera mitad del año revelan que las promesas de mantener un ritmo dinámico en la construcción de infraestructura no se han cumplido del todo, dejando al país en una situación de preocupante rezago.
El panorama actual muestra un desequilibrio estructural profundo. El gasto de capital aprobado para este año equivale a apenas el 13.2% de los gastos totales, una cifra drásticamente baja frente al abrumador peso del gasto corriente.
Pero el problema no es solo de asignación, sino de eficiencia: el ritmo de ejecución real durante los primeros seis meses apenas alcanza el 10.8%. Esto demuestra que el presupuesto para obras no solo es limitado de origen, sino que lo poco que se planifica se ejecuta a cuentagotas en la mayoría de las provincias del país.
Estadísticas de la Dirección de Presupuesto confirman esta parálisis institucional. Para el presente año, el presupuesto destinado a proyectos de inversión provincial se fijó en RD$96,543.5 millones.
A junio, cuando la lógica y la planificación exigen haber devengado al menos el 50% de los fondos, solo se ha ejecutado un 41.1%, equivalente a RD$39,654.9 millones. Así jamás se logrará la meta de mejorar la calidad de vida en la misma proporción en que crece la economía.
Este desfase de casi nueve puntos porcentuales se traduce en puentes sin terminar, carreteras paralizadas y servicios básicos postergados. Quizá sea el momento de mirar más seriamente hacia los programas sociales innecesarios y las exenciones improductivas. Este país no está para malgastar.
Esta lentitud resulta contradictoria con las prioridades del propio Gobierno dominicano. Al anunciar el plan de contingencia frente a la crisis en Medio Oriente por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, el Estado declaró la inversión en gasto de capital como una prioridad nacional absoluta para blindar el crecimiento económico local.
El desarrollo real no se logra con decretos o presupuestos en papel, sino con cemento, varilla, tecnología, innovación y empleos productivos.
