En República Dominicana existe una paradoja que merece mucha atención. Mientras el país ha mantenido una de las tasas de crecimiento económico más altas de América Latina y el Caribe durante las últimas décadas, miles de jóvenes emprendedores continúan desarrollando sus negocios al margen de la formalidad.
Más que una decisión voluntaria, esta realidad parece responder a un entorno donde formalizarse representa un desafío mayor no hacerlo.
Y esta realidad es la que desnuda el estudio “Emprendiendo en la Informalidad”, elaborado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE). Utilizando datos de la Encuesta Nacional de Mipymes 2022-2023 del Banco Central, el estudio revela que el 32.7 % de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país son lideradas por jóvenes entre 18 y 39 años, pero que el 65% de estos emprendimientos opera en informalidad.
El estudio identifica varios factores que explican esta situación. En primer lugar, la limitada acumulación de capital y el escaso historial financiero dificultan el acceso al crédito formal. A esto se suman debilidades en la educación empresarial, elevados costos de cumplimiento regulatorio y procesos administrativos complejos.
Cuando un emprendimiento permanece en la informalidad, disminuyen sus posibilidades de acceder a financiamiento, participar en compras públicas, establecer relaciones comerciales con empresas formales, incorporar tecnología o invertir en innovación.
En otras palabras, la informalidad limita la productividad y reduce el potencial de crecimiento de empresas que podrían convertirse en generadoras de empleo y riqueza.
Uno de los principales aportes del estudio consiste en cambiar la manera de abordar el problema. Tradicionalmente, la informalidad ha sido tratada como un asunto de fiscalización o cumplimiento legal. Sin embargo, la evidencia presentada por ANJE sugiere que la formalización debe entenderse como una política de desarrollo económico. No basta con exigir el cumplimiento de obligaciones; es necesario construir un entorno donde formalizarse represente una decisión económicamente conveniente para los emprendedores.
En este contexto, cobra relevancia la propuesta de crear una Certificación Mipyme Joven, concebida como un instrumento para facilitar una transición gradual hacia la formalidad mediante incentivos diferenciados, acceso preferencial a programas de capacitación, asistencia técnica y mecanismos de financiamiento. La propuesta reconoce que la formalización debe ser un proceso progresivo, acompañado por políticas públicas que reduzcan los costos de entrada y fortalezcan las capacidades empresariales.
La principal conclusión del estudio es clara: reducir la informalidad empresarial juvenil no constituye únicamente un objetivo administrativo o tributario. Es una inversión en productividad, innovación, movilidad social y crecimiento económico.
Formalizar a los jóvenes emprendedores significa crear las condiciones para que miles de empresas dejen de operar bajo esquemas de subsistencia y puedan convertirse en negocios competitivos, sostenibles y capaces de aportar mayor valor a la economía dominicana.
Así las cosas, el verdadero desafío consiste en transformar la formalidad de una obligación percibida como costosa en una oportunidad real de crecimiento para las mipymes.
