Durante su reciente intervención ante la Cámara Americana de Comercio (AmchamDR), el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, ofreció un discurso cargado de optimismo.
Y tiene razón: la economía dominicana responde favorablemente a las medidas implementadas frente a los choques por los precios petroleros derivados de la inestabilidad en Medio Oriente.
Aunque todo marcha bien, con un crecimiento del PIB de un 4.2% en los primeros cinco meses del año, la inflación sigue merodeando, superando el límite superior del rango meta de 4% +/- 1%. Según el Banco Central, la interanual se ubicó en 5.67% a junio.
Hay que decirlo con responsabilidad: la realidad que se vive en las calles y en los despachos corporativos dista de los aplausos que se dan en público. Todo indica que existe un desfase entre los indicadores de las altas esferas y la cotidianidad del ciudadano común, ese que debe estirar el peso a fin de mes.
No se puede ocular que las empresas locales enfrentan cargas tributarias asfixiantes que restringen su capacidad productiva. A esto hay que sumarle lo complicado que es formal, especialmente para las micro y pequeñas empresas.
El sistema impositivo actual actúa como un freno para la expansión de los negocios nacionales y limita de forma severa la contratación de nuevos empleados. Parece que, en lugar de incentivar un clima robusto para la inversión privada, el esquema vigente drena los recursos necesarios para dinamizar el mercado laboral.
A este escenario se suma una señal macroeconómica inequívoca de alerta: la inflación ya superó el rango meta establecido en el programa monetario del Banco Central. El encarecimiento constante del costo de la vida erosiona el poder adquisitivo familiar de forma sostenida, neutralizando cualquier amago de alivio económico pregonado desde el aparato estatal.
Por otra parte, los vicios estructurales en la administración pública persisten y se agravan. La ejecución presupuestaria sigue estando totalmente dominada por el gasto corriente en claro detrimento de la inversión productiva.
Esta combinación de factores dibuja un panorama insostenible que no puede resolverse con soluciones superficiales o parches transitorios. República Dominicana necesita una reforma fiscal profunda y seria, cargada de responsabilidad y voluntad política, echando a un lado el miedo al efecto político inmediato.
