El acceso al financiamiento constituye una condición indispensable para modernizar la producción agropecuaria, fortalecer la seguridad alimentaria, aumentar las exportaciones y generar empleos en las zonas rurales. Sin embargo, gran parte de los productores y empresas del sector continúa enfrentando dificultades para obtener crédito debido a la insuficiencia de garantías admisibles.
Al cierre de 2025, la cartera bruta del sistema financiero dominicano alcanzó RD$2.38 billones. Dentro de ese gran total, la cartera agropecuaria ascendió a RD$132,415 millones, equivalente al 5.54% de la cartera general y al 10% de los créditos comerciales. Durante ese mismo año, los desembolsos destinados al sector alcanzaron RD$78,324.2 millones, superando el promedio anual de aproximadamente RD$66,786 millones registrado entre 2021 y 2025, de acuerdo a informaciones publicadas por la Superintendencia de Bancos.
La cartera agropecuaria se encontraba distribuida entre RD$74,394 millones destinados a la producción agrícola y ganadera, y RD$58,021 millones vinculados a actividades agroindustriales y de comercio agropecuario. Las estadísticas oficiales no presentan separadamente el crédito agroexportador, por lo que este se encuentra parcialmente contenido dentro del componente agroindustrial y comercial.
Uno de los datos que evidencia la necesidad de crear nuevos instrumentos es que el 59.2% de la cartera agropecuaria estaba respaldada por garantías admisibles. Esto significa que, por cada RD$100 prestados, aproximadamente RD$40.80 no estaban cubiertos por garantías reconocidas regulatoriamente.
La brecha resulta todavía más significativa en la cartera agroindustrial y de comercio agropecuario, donde solamente el 32.6% contaba con garantías admisibles. Esta situación no necesariamente responde a la falta de capacidad de pago, sino que muchos productores y empresas poseen contratos de venta, inventarios, cultivos, equipos, cuentas por cobrar y flujos futuros, pero no disponen de garantías inmobiliarias suficientes o fácilmente realizables.
Ante esta realidad, resulta oportuno evaluar la creación del Fondo Público de Garantías Agropecuario, administrado mediante la figura del Fideicomiso Público.
El Fondo tendría como finalidad respaldar parcialmente los financiamientos destinados a la producción agrícola y ganadera, la agroindustria, la comercialización, la tecnificación y las exportaciones del sector. No prestaría directamente ni sustituiría a las entidades financieras. Su función sería reducir parcialmente el riesgo de los créditos concedidos por los bancos participantes.
Las entidades continuarían evaluando al cliente, aprobando el financiamiento, desembolsando sus propios recursos y realizando la gestión de cobro. El Fondo, por su parte, asumiría un porcentaje previamente definido de la pérdida neta en caso de incumplimiento, siempre que el crédito cumpla con los criterios de elegibilidad y las condiciones establecidas en su reglamento.
Participación de la banca
El Fondo podría iniciar con un aporte del Estado y fortalecerse mediante rendimientos de las inversiones realizadas por el Fideicomiso y aportes de las propias entidades financieras, por ejemplo, una contribución equivalente al 2% de los financiamientos incorporados al programa, es decir, una entidad que registre RD$20,000 millones en créditos elegibles, aportaría RD$400 millones a la reserva de garantía.
A cambio, recibiría una cobertura parcial sobre esos financiamientos dentro de un límite previamente asignado. La contribución no otorgaría propiedad sobre el Fondo ni implicaría una garantía ilimitada. La capacidad de cobertura dependería del patrimonio disponible, la liquidez, la siniestralidad esperada y la política de apalancamiento aprobada, y se incorporarían mediante un convenio marco de participación y cobertura.
Administración
Las garantías podrían cubrir entre el 40% y el 60% de la pérdida neta. Podrían establecerse coberturas superiores para pequeños productores, asociaciones, cooperativas, mujeres, jóvenes y actividades consideradas prioritarias.
El Fondo no sustituiría el análisis crediticio ni se convertirá en un mecanismo para transferir préstamos deficientemente originados al Estado. De hecho, el banco que participe tendría que aplicar sus políticas habituales, mantener la documentación correspondiente y realizar diligentemente las gestiones de cobro.
Las provisiones bancarias
Uno de los mayores incentivos para la banca estaría en el posible efecto de la garantía sobre las provisiones. Si un crédito de RD$100 millones clasificado en categoría C requiere una provisión de 20%, el banco tendría que reservar RD$20 millones; pero, si el Fondo cubre el 50%, la provisión podría reducirse significativamente sobre la porción garantizada. Esto liberaría capacidad financiera, disminuiría la volatilidad del gasto por provisiones y permitiría ampliar el crédito al sector sin asumir íntegramente el riesgo.
El beneficio, sin embargo, no provendría del aporte del 2%, sino del reconocimiento de los certificados del Fondo como garantías admisibles por la Superintendencia de Bancos. Por eso, su diseño deberá asegurar que las coberturas sean líquidas, irrevocables, exigibles y respaldadas por reservas suficientes. Lograr ese tratamiento convertiría al Fondo en algo más que un mecanismo de compensación ante incumplimientos: Sería una herramienta capaz de mejorar la gestión del riesgo y la eficiencia del capital bancario.
Impacto público privado
Para el Estado, el Fondo permitiría multiplicar el impacto de los recursos públicos sin convertirse en prestamista. Por ejemplo, un patrimonio inicial de RD$1,000 millones, con una exposición máxima equivalente a dos veces su capital y una cobertura promedio de 50%, podría respaldar aproximadamente RD$4,000 millones en financiamientos. La capacidad aumentaría con las contribuciones de las entidades participantes, y los rendimientos de las inversiones.
Para la banca, representaría una reducción de la pérdida esperada, una menor volatilidad del gasto de provisiones y la posibilidad de financiar clientes que no disponen de garantías tradicionales suficientes. También facilitaría el desarrollo de productos para capital de trabajo, infraestructura productiva, tecnificación, almacenamiento, preexportación y posembarque.
Para los productores, agroindustrias y agroexportadores, significaría mayor acceso al crédito, plazos más adecuados al ciclo productivo y una menor dependencia de las garantías inmobiliarias.
El Fondo Público de Garantías Agropecuario, bien estructurado, podría ser un punto de encuentro entre la política productiva del Estado y el sistema financiero, transformando una reserva limitada en una plataforma permanente para financiar producción, innovación, empleo y exportaciones.
