El Gobierno dominicano acaba de presentar a la población un conjunto de medidas que, según la narrativa utilizada, busca mitigar los efectos de la crisis internacional provocada por el conflicto bélico de Estados Unidos e Israel con Irán, al tiempo de establecer las condiciones para la sostenibilidad fiscal y el mantenimiento de los niveles de crecimiento de la economía.
En su esencia, las medidas parecen modelar una ruta estratégica que busca balancear una ecuación compleja: la estabilidad macroeconómica frente a un severo choque externo, con tensiones geopolíticas incluidas.
Una de las reflexiones más honestas y profundas del documento presentado a la sociedad es el reconocimiento explícito de que ante crisis globales de gran magnitud no existen fórmulas mágicas, sino dilemas económicos y sociales, tales como el peligro de una alta inflación -presión sobre los bolsillos de los ciudadanos-, amenaza de ralentización de la expansión económico, y el riesgo de un aumento del déficit fiscal. Bajo este escenario, la estrategia del gobierno va en la dirección de combinar de manera pragmática la responsabilidad fiscal (para no quebrar al Estado) con la sensibilidad social (para no desproteger a los más vulnerables).
Las medidas sugeridas apuntan a contener la inflación vía el congelamiento de los precios de los combustibles por un periodo específico, siempre y cuando el precio del barril de petróleo (WTI) se mantenga entre US$90 y US$100.
Adicionalmente, se plantea una compresión de gastos no esenciales, estimando una reorientación de entre RD$30,000 y RD$40,000 millones. Esto valida moralmente la reforma ante la opinión pública, bajo la premisa de comprimir lo no prioritario y preservar las funciones críticas del Estado.
Por el lado de los ingresos, el proyecto busca recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones mediante un diseño que intenta cuidar la equidad y la estructura productiva básica. En ese sentido, resulta relevante notar que no se toca el Impuesto a las Transferencias y Bienes Industrializados (ITBIS), lo que evita un golpe directo e inflacionario a la canasta de alimentos. Tampoco se alteran la mayoría de los impuestos selectivos tradicionales ni el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI).
Las medidas impositivas fuertes están dirigidas con precisión quirúrgica. El aumento de la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR) empresarial al 30% aplica exclusivamente a las grandes empresas con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales. Esto afecta a poco más de 1,000 empresas de un universo de 140,000. De igual forma, el nuevo tramo del ISR de personas físicas (tasa del 27%) solo impacta a salarios mayores de RD$400,000 mensuales, alcanzando apenas al 0.26% de los contribuyentes.
El plan también reconoce el rol motor de las micro y pequeñas empresas, por lo que deroga los anticipos del ISR a las microempresas y simplifica el pago para las pequeñas, eliminando así una de las barreras históricas más asfixiantes para el flujo de caja y la formalización en el país.
Finalmente, el gran desafío de esta propuesta no estará en su diseño numérico -el cual luce sólido- sino en la viabilidad política y social de su ejecución, asegurando que el desmonte de los subsidios generalizados sea tan eficiente y suave como se proyecta, para mantener la estabilidad social que el propio documento define como el bien supremo a preservar.
