[dropcap]L[/dropcap]a reciente controversia sobre el impuesto a las llamadas de voz entrantes al país y sobre cada mensaje de texto para financiar el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 se debe a que los gobiernos de turno no se han abocado a la ardua tarea de realizar una revisión integral del esquema tributario dominicano con miras a lograr un consenso mediante un pacto fiscal. Precisamente este fue el punto que fue correctamente planteado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) en ese momento.
Las recaudaciones impositivas representan una parte importante de la actividad económica a nivel mundial. En Estados Unidos, la presión fiscal asciende a aproximadamente 25% del producto interno bruto (PIB), mientras que en países con programas sociales muy amplios, como por ejemplo Dinamarca, Francia o Bélgica, la presión fiscal sobrepasa el 50%. En Latinoamérica, países como Chile y México cuentan con una presión fiscal de alrededor de 20%.
En cambio, en República Dominicana, la presión fiscal ronda el 14.4%, lo que coloca al país en la posición número 194 de 220 naciones a nivel mundial. En este sentido, queda claro que cualquier pacto fiscal debe aumentar la presión tributaria en nuestro país para asegurar que el Gobierno pueda ejecutar políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía dominicana.
El diseño de un sistema fiscal puede aumentar la competitividad de un país, en vez de servir como un factor que limita su desarrollo. Algunos autores citan a Estonia, que ahora es un país en el centro de Europa con gran crecimiento económico y una creciente economía digital, como un país que reformó su sistema tributario y se hizo más competitivo. Otro ejemplo es Nueva Zelanda, que a pesar de que tiene pocos recursos naturales y una ubicación muy remota, tiene un sistema fiscal que incentiva el turismo y las exportaciones, y ha sido un importante factor en su desarrollo.
Otro tema de importancia en el contexto de cualquier pacto fiscal es el establecimiento de un techo a los déficits del Gobierno central, así como a la deuda pública. No podemos aceptar que se aumente la presión fiscal y se reestructure el sistema impositivo dominicano a estos fines sin también imponer limitaciones a los gastos del Gobierno, pues si bien es cierto que las necesidades de nuestro país son muchas, no es menos cierto que el apetito de gasto del Estado es un barril sin fondo.
Por esta razón, debemos abocarnos a estudiar y consensuar un pacto fiscal que no solo aumente los ingresos del Estado, sino también que incentive la competitividad y le imponga límites de gastos.
