[dropcap]U[/dropcap]n amplio recorrido por la historia del sector eléctrico dominicano hace pensar que la cadena de valor que lo define y el entramado que ha sustentado su desempeño nunca han sido suficientes como para lograr la solución del problema básico: el suministro de energía permanente. Cuando se analiza su funcionamiento, se observa que existen varios pecados originales, muchos de los cuales tuvieron que ver con la voluntad de determinadas gestiones gubernamentales, otros con la falta de una visión de futuro y algunos con los diversos intereses que siempre se han movido a su alrededor.
En particular, la ausencia de un marco legal que regulara el desempeño de la industria eléctrica fue el escenario propicio para que este se expandiera, en las décadas del 60 y 70, sin un norte establecido, y quedara a merced de los que controlaban el negocio, incluyendo el odioso Sitracode. Años de apagones, cobros de tarifas altas para unos pocos y ninguna tarifa para los muchos que vivían en los barrios pobres de zonas urbanas de Santo Domingo y Santiago, era la cotidianidad de un sector eléctrico que se decía estratégico.
A todas luces, la industria eléctrica era un río revuelto en donde muchos pescaron, hasta sin redes, pues la poca organización e institucionalidad del sistema daba paso a que los administradores de la otrora CDE, manejaran esa empresa pública a su discreción.
Por su incidencia en la vida económica y social, el problema de los apagones se convirtió en un tema permanente de las campañas electorales, y todo aquel partido que se quería hacer el gracioso y captar votos, proponía su solución definitiva.
Los fracasos en la gestión de la CDE fueron recurrentes y nadie parecía dar pie con bola, tanto así que hasta un Presidente de la República se designó Administrador de esta Corporación para ver si podía resolver el problema; aun con todo, la situación permanecía y los sectores productivos decían perder competitividad a causa de este flagelo, en tanto la ciudadanía estaba hasta el hartazgo.
Luego, la idea de una reforma del Estado a partir del 1996, la creación de comisiones específicas que arrojaran luz sobre la situación del sistema, dio paso a la capitalización del sector eléctrico, y a la definición y transformación de la cadena de valor: generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Pero esto solo empezaba, pues la organización del sistema no necesariamente estaba resolviendo el problema del suministro de electricidad a la población. Hasta que llegó Punta Catalina.
