[dropcap]E[/dropcap]l Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 ha sido una de las conquistas más importantes que ha tenido la sociedad dominicana. Es una apuesta de Estado que quedará en la memoria de los ciudadanos como un legado de la gestión del presidente Danilo Medina. El reto de este proyecto, en operación desde mediados de 2014, es la sostenibilidad financiera. Necesita alrededor de RD$2,000 millones para funcionar con eficiencia, por lo menos en las localidades donde ya está en vigor.
La promesa de las autoridades es llevarlo a todo el país. Sin embargo, los recursos para mantenerlo en el nivel en que está y para su posterior ampliación escasean. La fuente de financiamiento propuesta por el Gobierno está atada a un sector que de por sí recibe la mayor carga impositiva: los servicios de telecomunicaciones. Sólo los usuarios pagan un 30% y las empresas un 29% de impuesto sobre la renta (ISR), así como las demás tasas.
Al parecer, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no ha podido garantizarle al Poder Ejecutivo más recursos en lo inmediato, a pesar de identificar que la evasión fiscal se ubica sobre el 30%. Una reforma al sistema tributario, a la luz de un pacto fiscal que no acaba de firmarse, es una vía que no tiene posibilidades en lo inmediato. Lo único urgente ahora es aumentar los ingresos, pero ¿cómo?
Convencer a la opinión pública sobre la necesidad de buscar más ingresos vía los impuestos es una tarea difícil. En lo que el hacha va y viene, luego de buscar alternativas, el sector de las telecomunicaciones fue identificado como una fuente segura.
Una estrategia de comunicación, precisamente, es el recurso más idóneo para convencer de que un nuevo impuesto a los servicios de las telecomunicaciones no afectaría a los usuarios, en este caso locales. La propuesta, aprobada de urgencia en el Senado y a la espera de ser enviada al Poder Ejecutivo, plantea gravar sólo las llamadas de voz y mensajes internacionales entrantes. Pero nadie cree que es tan sencillo. Las telefónicas no confían en que sea tal y como explican las autoridades.
La contratación de un experto o asesor en materia impositiva relacionado con el sector de las telecomunicaciones fue la opción. El Ministerio de la Presidencia contrató a Fernando María Abras Muñoz, de nacionalidad española, para hablar con la opinión pública sobre la forma en que se aplicaría el impuesto a las llamadas y mensajes de voz internacionales entrantes.
Su discurso, como era de esperarse, se sustenta en que el nuevo gravamen no afectará los bolsillos de los consumidores, que será una tasa impositiva que pagarán las empresas de telecomunicaciones. El debate ha sido corto, pero intenso. Los cálculos iniciales de recaudar alrededor de US$100 millones no eran reales. El asesor admitió o aclaró, en sus presentaciones, que serían entre US$40 y US$50 millones que se recaudarían.
Sin embargo, con Abras Muñoz hay algunos puntos que no encajan (o encajan muy bien). Lo primero que debe saber la opinión pública es que tiene una relación muy estrecha con Global Voice Group (GVG), una empresa haitiana fundada por el exprimer ministro de Michel Martelly, Laurent Lamothe, que implementa este sistema de monitoreo en algunos países africanos. En Haití, por supuesto, hace lo mismo.
Su participación en 2014 en el Foro Económico y Financiero Regional de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), celebrado en Brazzaville, República del Congo, África, en representación de GVG, es una muestra de que habrá que aclarar su papel en este proceso.
Lo lógico ahora es estar vigilantes ante la posibilidad de que en el proceso de licitación, necesario para contratar una empresa de monitoreo, no resulte ganadora la empresa de la que él es socio o relacionado. La transparencia es un valor que debe ser pregonado y practicado.
