[dropcap]E[/dropcap]l lavado de activos se ha constituido en uno de los más terribles atentados contra un crecimiento económico sano, el respeto del orden institucional y un ejercicio saludable de la política. Socava las bases de la tranquilidad social y hace tambalear los fundamentos éticos del convivir ciudadano, puesto que presenta lo fácil como una vía para la adquisición y posesión de riquezas.
Así se expresó Campos De Moya, presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) al hacer uso de la palabra en el desayuno organizado por esa institución con el tema “Ley de Lavado de Activos y sus implicaciones para el sector empresarial”, en el que participaron como panelistas Marisol Vicens, Pedro Urrutia y Pelagio Alcántara.
De Moya consideró que el lavado de activos es una empresa criminal que “opera como una especie de veneno para la economía y especialmente para las empresas formales –constituyendo una amenaza permanente para las mismas-, para las arcas del Estado y para la estabilidad social y política”.
La AIRD convocó el encuentro tomando como referencia la recién promulgada Ley 155-17 o Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, considerando que puede implicar procedimientos que podrían repercutir en el ambiente empresarial formal si no se toman las medidas de lugar.
“Estamos llamados a conocer las implicaciones de esta Ley, sus debilidades, las formas que tenemos de cooperar para que el lavado de activo no implique daño al quehacer empresarial, entre otros aspectos relevantes. Especialmente por el énfasis que se ha puesto en los “sujetos no financieros”, de los cuales formamos parte”, indicó De Moya.
Un aspecto nuevo es el de la inclusión de delitos que se consideran precedentes o determinantes del delito de lavado, entre los cuales la Ley enumera: prevaricación y delito cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; delito tributario; piratería de productos; delito de medio ambiente; falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas.
“Queremos externar nuestra preocupación ya que si no contamos con instituciones fuertes y con reglas de juego claras en las que no exista la discrecionalidad ni propósitos particulares o políticos en las decisiones, si no contamos con una justicia independiente, fuerte, imparcial, esta Ley podría tener repercusiones negativas en las empresas, en la facilitación de negocios y en la atracción de inversiones y hasta podría convertirse en una cacería de brujas que más que bien haga daño a nuestra sociedad”, explicó el líder de los industriales.
El lavado de activos puede ser entendido como la legitimación de activos provenientes de operaciones ilícitas, su entrada y circulación en el sistema económico legal, con la apariencia de proceder de mecanismos legales.
Los métodos para el blanqueo de activos procedentes de actividades ilícitas están muy diversificados en el mundo entero y constituyen una preocupación global. Es tal la magnitud de su significación económica que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el 2015, reportó que significaba 20 trillones de dólares referidos al lavado de dinero en las 20 economías más grandes del planeta.
