La Asociación de Industrias (AIRD) se sumó al conjunto de organizaciones que piden al presidente Danilo Medina dejar sin efecto la medida anunciada por el Ministerio de Obras Públicas dirigida al aumento en el cobro del peaje y al establecimiento de cobros en ambas direcciones.
En ese sentido, la presidente de la AIRD, Ligia Bonetti, expresó que ve con optimismo la declaración del presidente Danilo Medina de que el anuncio no es definitivo y de que el Ministro de Obras Públicas se referirá al tema en los próximos días.
“Esperamos que la sensibilidad del Gobierno conduzca a variar esta medida, que se tome especialmente en cuenta cómo son afectados los sectores productivos que giran en torno a la ciudad capital, así como el transporte de empleados, trabajadores y ciudadanos de las diversas partes del país”, expresó Bonetti.
“Apoyamos el pronunciamiento de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y la Región Sur, socios de la AIRD. Entendemos como justos sus reclamos y consideramos que el presidente Medina puede abrir un compás de análisis que permita decidir más racionalmente las medidas a tomar con tal de favorecer tanto la movilidad de pasajeros como la movilidad de bienes desde y hacia las distintas comunidades”, enfatizó Bonetti.
Bonetti expresó que el aumento de la tasa por peaje es desproporcional y abusivo pues implica más de un 200% de incremento de la tasa actual y crearía un grave perjuicio a los residentes, trabajadores e industrias de Haina como de otras zonas industriales del país, que traería como consecuencia el encarecimiento de los costos de transporte y por ende de los productos industriales.
La presidente de la cúpula industrial, pidió al Ejecutivo establecer una nueva política más justa y proporcional para el cobro y colocación de los peajes en todo el territorio nacional, que guarde relación con las distancias a ser recorridas y con el costo de mantenimiento de las vías, con el fin de evitar penalizar a algunas zonas del país.
Finalmente, Ligia Bonetti recordó que una de las conclusiones del Segundo Congreso de la Industria Dominicana fue, precisamente, la de facilitar el transporte, tanto en cuanto a la libertad de contratación como al no encarecimiento del mismo con medidas como la anunciada o con el establecimiento de arbitrios municipales como han intentado en muchas ocasiones algunos ayuntamientos.
