[dropcap]P[/dropcap]ara nadie es un secreto que el Sistema de Seguridad Social necesita ser reformado. Esto así, debido a los que eran “derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en cuanto al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía de edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales”, como lo establece la Ley 87-01, pasaron a ser una fuente de riqueza sin escrúpulos, y un caldo de cultivo para aumentar la inequidad con tintes legales. Es decir, la seguridad social de los ciudadanos se convirtió en la seguridad económica para empresarios e individuos que hacen negocios alrededor de la salud de los ciudadanos.
Obviamente, existe un pecado original en todo esto, y es que se quería salir de un sistema de salud inoperante como el que se tenía antes del 2001, y que era representado por la figura del IDSS, por lo que se aceleró el proceso de aprobación e implementación de una nueva ley, entendiendo que, en el camino, se arreglaría cualquier carga que no ajustara. Así, se crearon unas diez entidades, cada una de las cuales regiría una parte del sistema.
Algunas de estas instituciones tendrían carácter público, privado o mixto, como es el caso de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), al igual que las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) y las AFP.
¿Qué tienen en común todas estas entidades? El manejo de grandes volúmenes de recursos, lo cual se convirtió en un incentivo para la inversión. ¿Qué otras cosas tienen en común? Casi todo lo que se cobra viene del bolsillo de los trabajadores y/o de las familias.
¿Dónde está el problema? El sistema es hoy mucho más costoso e inequitativo que antes, y no por ello se reciben mejores atenciones en los centros de salud, ni se asegura una vejez digna, y si se establece un nuevo sistema de atención a emergencias, se pone otro impuesto para solventarlo.
Por igual, el Estado ha aumentado la burocracia estatal que demanda el sistema de seguridad social, lo que sale de los impuestos que pagan los trabajadores. Todo un esquema perverso que pende sobre los bolsillos de las familias.
Con todo, lo que más llama la atención es un dato que ofrece el economista Ernesto Selman de CREES, quien dice que alrededor del 85% de los más de 370,000 millones que hay acumulado en los Fondos de Pensiones, han sido destinados a financiar el déficit acumulado del Gobierno. Es decir, que también los trabajadores sustentan las operaciones gubernamentales. Más bueno que es así.
