Un grupo de 53 soldadores especializados interpuso una demanda laboral contra el Consorcio Odebretch/ Tecnimont/ Estrella, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y la reclutadora de personal RATZ Consulting a quienes acusan de un desahucio irregular, reclaman el reintegro a sus puestos de trabajos, el pago de los salarios y derechos adquiridos y en reparación de daños y perjuicios.
Los trabajadores de nacionalidad colombiana, alegan que fueron traídos al país para laborar como soldadores industriales en el proyecto Punta Catalina con un contrato de trabajo que les garantiza permanecer en sus labores por un periodo de 20 meses y fueron desahuciados cuando solo tenían 3 meses de trabajo.
La demanda fue interpuesta por los abogados Lionel Correa Tapounet, Juan Ramón Rosario Contreras y Joaquín Luciano ante la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Baní en mayo pasado y será conocida en audiencia de fondo el jueves de esta semana, 31 de agosto.
Los abogados de los demandantes sostienen que “estos trabajadores fueron contratados por un periodo de 20 meses, por lo tanto debía garantizarse ese período a menos que hubiera algún incumplimiento o falta por parte del trabajador, que no la hubo”.
Detallan que “por ser un contrato cerrado a 20 meses no aplica el desahucio. Si la empresa entendía la existencia de una falta por parte de los trabajadores el trámite procedente era un despido, pero un despido obliga al empleador a invocar una causa, alegar una razón, notificarla al Ministerio de Trabajo y probarla ante un tribunal. De no ser aprobado, se declara injustificado el despido y se condena al empleador a pagar prestaciones laborales”.
Los trabajadores fueron contratados con un salario de US$1400 mensuales por un período de 18 a 20 meses según el caso. Han interpuesto una demanda que en conjunto asciende a más de US$1,700,000 por prestaciones laborales, más US$100,000 para cada soldador por daños y perjuicios. Estos reclamos suman US$7.0 millones
Fraude laboral para evadir responsabilidades
El equipo de abogados sostiene que la estructura contractual utilizada deviene en un fraude laboral diseñado para evadir responsabilidades laborales, demandas directas, seguridad social y cualquier conflicto que se genere por accidentes de trabajo.
“La ley y la jurisprudencia en la República Dominicana establecen que cuando una empresa o un grupo de empresas que no está ligada a la labor que se va a realizar organiza contractualmente la relación laboral entre el contratado y quien verdaderamente recibe el servicio, entonces se dice que se está ante un fraude laboral” explican.
La empresa Ratz Consulting, que es un reclutador de personal, simuló ser el empleador de estos trabajadores, cuando lo que establece la ley es que el empleador es a quien se le presta el servicio. Quien ejecuta la obra para el Estado Dominicano es el Consorcio Odebretch/ Tecnimont/ Estrella a través de la CDEEE, y sus representantes eran los que les impartían órdenes y les pagaban sus salarios, utilizando únicamente como intermediario a Ratz Consulting.
“Al utilizar a Ratz Consulting, que es una compañía sin la solvencia suficiente para hacer frente al pago de los contratos, los empleadores reales tratan de evadir la responsabilidad de pagar los compromisos económicos contraídos con los trabajadores”.
Desahuciados por reclamar sus derechos
Según los abogados, los 53 trabajadores fueron desahuciados por reclamar sus derechos en materia de seguridad laboral y las condiciones de seguridad prometidas al momento de contratarlos.
El 12 de mayo de 2017, los trabajadores realizaron un paro de labores en reclamo del cumplimiento de las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar dichos trabajos. Los desahucios se produjeron tres días después.
Para ser contratados, se exigió a los trabajadores obtener una certificación de la empresa internacional SCHRADER CAMARGO en dos tipos de soldadura, pero al llegar al país fueron puestos a trabajar bajo procedimientos distintos a los certificados.
“En adición a esto fueron obligados a trabajar sin cumplir con las condiciones de seguridad y protocolos internacionales para labores de esta índole, sin los equipos adecuados como uniformes certificados para trabajar en altas temperaturas o cascos adecuados, usando rampas peligrosas para el tipo de obra, sin protección del sol o la lluvia” alegan.
Sostienen que para evadir responsabilidades en materia de derecho laboral, los trabajadores fueron desahuciados tres días después de la protesta y obligados a firmar recibos de descargo como condición para entregarle sus salarios acumulados hasta la fecha y pasajes de avión.
“Los pasajes de avión eran comprados con fecha de partida inmediata para evitar que los trabajadores pudieran buscar asesoría legal en el país o ser escuchados por un juez” concluyen.
