[dropcap]L[/dropcap]os empresarios han iniciado una campaña para lograr el cambio de la legislación laboral con una visión muy atrasada en pleno siglo XXI, al pretender eliminar beneficios a los obreros y empleados que irán en desmedro de la reducción de la pobreza, ya que de por sí los salarios nuestros son muy bajos.
Necesariamente, ante esta lucha lo correcto es que el Estado se coloque frente a sus aspiraciones en busca de mejores alternativas para armonizar los intereses de ambos sectores y alcanzar una solución que cree riquezas, como sería el incremento de la productividad.
Las empresas siempre tienden al incremento de su renta, que puede muy bien lograrse por muchos medios como son la eliminación de la competencia, la escasez de productos o la falta de transparencia, entre otros, en sus operaciones ante el público consumidor, pero estas acciones generalmente no incrementan las riquezas y el bienestar social, lo que perjudica a largo plazo la estabilidad y la paz.
Dice Joseph E. Stiglitz (El precio de la desigualad) que lo peor de la crisis financiera del 2008 fue que los banqueros ganaron menos que las pérdidas excesivas de la sociedad, o sea, una suma negativa, que es lo mismo que empobrecer aún más a los ciudadanos, sin que ningún sector obtenga un beneficio igual a la pérdida de los otros.
La solución al conflicto de los patronos con los obreros no es reducir sus ya bajos salarios, y menos sus esperanzas de quedar con algo cuando no tengan fuerza para laborar. La lucha debería ser por elevar su capacidad productiva, lo que haría a nuestras empresas más competitivas y racionales, y es cuando necesitamos la intervención del Estado en procura de que las acciones del mercado sean la conveniente para todos sin apoyar a un grupo en perjuicio de otro.
Cuando el presidente Danilo Medina intervino la explotación de nuestro oro por la minera Barrick Gold, hizo un ejercicio de justicia social, ya que el beneficio que la misma dejaría a la sociedad sería mucho menos que el perjuicio que generaría hacia el futuro a la explotación de nuestras montañas, mientras la empresa acumularía ganancias que no irían ni siquiera a nuestra economía.
Lo mismo pasa con los generadores eléctricos. No es justo que sigan endeudando el futuro del país ofreciendo un servicio tan vital con una enorme deficiencia y un costo tan elevado. El Estado está en la obligación de intervenir para no seguir endeudando y empobreciendo a los dominicanos.
Pero lo mismo diría con el propio Estado. Que al cobrar los impuestos y tomar préstamos para completar el déficit presupuestal debe tener la enorme responsabilidad de que las acciones e inversiones produzcan las riquezas suficientes para pagar y mantener el desarrollo social, y un buen ejemplo es la inversión en educación con miras a crear un nuevo dominicano, con mejores condiciones de vida, para integrarse al mercado laboral, además de aumentar su autovaloración y su felicidad.
Asimismo transparentar el gasto público, la inversiones, que las mismas sean lo más eficientes y efectivas para reducir la enorme brecha social y desigualdad que padecemos, teniendo como un gran ejemplo la reciente inauguración del poblado de Boca de Cachón, en el Sur, donde se construyeron más de 500 viviendas y soluciones con apenas US$24.5 millones, que si comparamos el costo mayor de un parqueo para autos de ricos con dinero del pueblo que no aporta ningún beneficio ante los perjuicios al fisco que resulta la mala inversión como muchas otras que hemos hecho a lo largo de nuestra historia política.
Vamos a crear riquezas, no a incrementar las rentas de unos pocos en perjuicio de la sociedad que cada vez tendrá que pagar más impuestos para sostener los déficits presupuestarios, de lo contrario la pobreza será ingobernable, y son los que más tienen los que más van a perder. Busquemos las mejores alternativas que sirvan para todos.
