La Procuraduría General de la República y el Ministerio de Hacienda pondrán en marcha una serie de acciones conjuntas para intensificar la persecución de los consorcios o bancas de lotería y de apuestas deportivas que operan de manera ilegal en el territorio nacional.
Las acciones están descritas en un protocolo firmado por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, el cual establece que cuando lo considere de ley, el Ministerio Público someterá a la justicia a los propietarios de las bancas ilegales y a los empleados que actúan como cómplices de la venta de juegos ilegales.
Al ponderar la importancia del acuerdo, el procurador general de la República afirmó que a partir de ahora, la ciudadanía tendrá mejores resultados en el combate de ese delito, ya que ambas instituciones fortalecerán las labores de persecución.
“Garantizamos que cada denuncia recibida por parte del Ministerio de Hacienda será debidamente procesada y evaluada, y donde se establezca que hay una violación a nuestras leyes, habrá consecuencias”, manifestó el procurador Rodríguez.
Guerrero Ortiz, por su parte, expresó que el Ministerio de Hacienda viene desarrollando un arduo trabajo de fiscalización de las bancas deportivas y de lotería, lo que le ha permitido cerrar un total de 6,374 bancas, en lo que va del presente año.
“Con el trabajo conjunto seremos mucho más efectivos y eficientes a la hora de perseguir estas operaciones ilegales. La labor que el país espera del Ministerio de Hacienda, en términos de control y fiscalización de esas operaciones, resultará mucho más alcanzable en lo sucesivo gracias a este acuerdo”, recalcó.
El protocolo establece que sin perjuicio de la facultad del Ministerio Público de actuar de oficio en los casos previstos por la ley, el Ministerio de Hacienda denunciará ante esta institución los casos de ilegalidad que haya detectado y previamente verificado, en violación a las normas que regulan la materia, aportando las evidencias pertinentes.
De igual manera, señala que ante denuncias que interponga el Ministerio de Hacienda, luego de revisada la documentación soporte, el Ministerio Público se encargará de acompañar a los inspectores de Hacienda en los operativos de clausura de los establecimientos que operen ilegalmente.
