La inseguridad ciudadana tiene múltiples impactos negativos para el desarrollo humano. El delito, la violencia y el temor limitan profundamente las capacidades y las libertades de las personas, la manera como construyen vida en sociedad y su relación con las instituciones del Estado. Por ejemplo, el porcentaje de personas que reportan haber limitado sus lugares de recreación por temor a ser víctima del delito va de un 20.6% a un 59.1% para distintos países de América Latina (véase mapa 5). Asimismo, el porcentaje de personas que han limitado sus lugares de compras como consecuencia del temor al delito va del 16.8% al 51.5% para diferentes países. Más aún, entre el 45% y el 65% de los encuestados, dependiendo del país, dejó de salir de noche (LAPOP-PNUD 2012). Este impacto en el patrón de comportamiento de las personas limita su convivencia en el espacio público, su desplazamiento y recreación, es decir, afecta su libertad.
La inseguridad pone bajo tensión el respaldo de la ciudadanía al Estado de Derecho. Diversas encuestas de opinión muestran que los latinoamericanos expresan una seria predilección por la aplicación de leyes más duras e incluso por políticas de mano dura. No obstante, esta demanda ciudadana por respuestas rápidas de mano dura en contra de los delincuentes puede traducirse en violaciones a los derechos humanos.
Además, la inseguridad genera importantes costos que van desde el gasto público de las instituciones y los gastos privados de los ciudadanos para procurarse seguridad, hasta los costos irreparables en la vida y en la integridad física y mental de las personas.
Un estudio conjunto realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el PNUD para analizar los costos en cinco países de América Latina muestra que sus costos en términos del PIB son significativos y diferenciados: van desde el 3% como porcentaje del PIB en Chile y Uruguay, hasta un poco más del 10% en Honduras.
Otra manera de aproximarse a los costos de la violencia es estimando los años de vida perdidos por causa de los homicidios, es decir, el impacto que tiene la violencia letal en la expectativa de vida. A partir de la información contenida en la medición del Índice de Desarrollo Humano (IDH) más reciente para 15 países de América Latina, se encuentra que, en 2009, la región perdió 331 millones de años de vida por el exceso de muertes por homicidio. De reducirse los homicidios, Colombia, El Salvador, Guatemala y Venezuela tendrían ganancias de más de un año en la expectativa de vida de sus habitantes.
Fuente: AmericaEconomia.com
