La rigidez del Código de Trabajo es uno de los principales retos de la competitividad nacional, mientras que esa misma inflexibilidad actúa como un limitante a la posibilidad de realizar un aumento generalizado de salarios. Se requiere de una reforma laboral integral para incentivar la creación de empleos y, a la vez, para eliminar los desincentivos que causan una reducción de la calidad de dichos empleos.
Varios empresarios han externado la posición de que es cierto que los salarios deben ser aumentados, pero solo en la medida en que se eliminen o –como mínimo– se reduzcan de manera importante los costos indirectos de los empleos en el país. Estos costos indirectos o “sombra” hacen mucho más rígido el mercado laboral, y por ende, mucho menos eficiente, y representan un serio desincentivo a la creación de empleos formales.
Los costos indirectos que tienen este efecto son ampliamente conocidos. En primer término, el concepto de pago por desahucio sin un monto tope –pues el concepto continúa aumentando con base a los años en el empleo– ha sido abandonado en muchos países alrededor del mundo debido a los efectos negativos que conlleva para el mercado laboral.
A pesar de que muchos se refieren a este concepto como un “derecho adquirido” o una “conquista” de los trabajadores, la realidad es que funge como uno de los principales factores en la decisión de no crear nuevos empleos o aumentar los sueldos de los trabajadores ya empleados.
Asimismo, el Código de Trabajo y otras legislaciones especiales también establecen otros importantes costos indirectos. Algunos de estos lo son la bonificación obligatoria por participación en los beneficios de la empresa, las reglas de nacionalización del trabajo, y el pago del 1% sobre el monto total de sueldos fijos que debe ser entregado al Infotep.
Finalmente, el uso abusivo de los tribunales laborales, los cuales son sumamente complacientes con los demandantes, es de amplio conocimiento. Se ha creado una industria legal de abogados inescrupulosos que, aprovechándose del desconocimiento de los trabajadores, se dedican a interponer demandas laborales sin fundamento alguno. Esta práctica desmedida tiene como consecuencia un costo real para los empleadores, lo que también resulta en un impacto negativo para los trabajadores.
Por lo tanto, no se debe discutir una reforma que se limite a aumentar los salarios de los empleados, sino que la misma debe abarcar todos los aspectos cuestionables y que inciden en crear elementos de desincentivo a la creación de empleos formales. Una reforma laboral integral redundará en beneficios para los empleados y para la competitividad de República Dominicana.
