Una de las mayores críticas que pesan sobre todas las gestiones gubernamentales que ha tenido el país en la era democrática es la relacionada con la exagerada nómina de empleados del sector público, tanto centralizado como descentralizado.
De hecho, las estadísticas oficiales indican que el sector privado emplea de manera formal aproximadamente 1 millón 414 mil trabajadores, mientras que se estima que el Estado tiene una nómina de empleados que supera los 700 mil puestos, muchos de los cuales no tienen razón de ser.
Pero, ¿es posible reducir la nómina pública a los niveles de operación ideal de un Estado organizado? La respuesta pudiera ser que sí, pero si antes de responder se piensa en algunas situaciones que caracterizan a la sociedad dominicana, es posible que se concluya otra cosa.
Recuerdo que en mi condición de periodista tuve la oportunidad de participar en una entrevista al entonces candidato a la Presidencia Danilo Medina durante la campaña electoral de 2012. En esa ocasión le pregunté qué haría con la abultada nómina pública, que en ese momento se estimaba que tenía alrededor de 500 mil empleados.
La respuesta del candidato Medina, hoy Presidente de la República, fue lógica, aunque no por eso dejó de ser decepcionante. Medina reconocía que, ciertamente, el Estado pudiera operar perfectamente con la mitad de esos empleos, es decir, con alrededor de 250 mil trabajadores.
Sin embargo, señalaba que en un escenario en que el Gobierno decidiera reducir su nómina a la mitad, tendría que poner en las calles, en ese momento, alrededor de 250 mil trabajadores. Más adelante extendió su respuesta con una pregunta: ¿Está el sector privado en condiciones de absorber esa cantidad de trabajadores? Se respondió a sí mismo que no. Y es verdad, el sector privado no tiene la capacidad para emplear a la inmensa cantidad de gente que el Estado emplea aún sin necesitarlos.
A eso se agrega el hecho de que el sector privado necesita que esas personas estén empleadas, puesto que de esa forma tienen capacidad de consumo y contribuyen con la dinamización de la economía, aumento de sus ventas y, por supuesto, incrementos en sus ganancias empresariales.
Lo que planteaba el entonces candidato es que había que tomar las medidas para contribuir con un mayor desarrollo del sector privado, de forma que alcanzara la capacidad de generar cada vez más empleos y que así se pudiera ir produciendo la transición de empleos públicos hacia empleos privados en lo que se depuraba la nómina estatal.
Han pasado cinco años desde que el ahora presidente Medina hiciera esa lógica e inteligente reflexión en forma de respuesta a nuestra pregunta. El problema es que, pasado ese tiempo, las cosas no cambiaron mucho. El sector privado aumenta su oferta de empleos, pero en una forma muy lenta, mientras que el Estado, en lugar de congelar su nómina pública, la ha hecho crecer, al punto de que en la actualidad tiene más de 700 mil empleados entre centralizados y descentralizados.
Parece que los esfuerzos del gobierno de Medina en los últimos cinco años no han sido suficientes y el sector privado todavía sigue sin la capacidad de captar una cantidad suficiente de trabajadores, debido a que los niveles de producción y productividad son lentos y en ocasiones han empeorado. La mayor oferta de empleos privados está en el área de servicios, especialmente el comercio, con puestos de baja calificación y de reducidos niveles salariales.
El Estado, en cambio, continúa acrecentando su nómina, al punto de que para el próximo año 2018, el presupuesto de ingresos y gastos públicos contempla una partida para “Remuneraciones” (pago de salarios) por RD$233,151.8 millones.
Ese monto es, estimados lectores, más de un cuarto del presupuesto total de RD$816,585 millones. Es más de un tercio (33.8%) de los RD$689,886.2 millones del presupuesto de gastos, y un 38.6% del presupuesto de ingresos estimado en RD$602,887 millones.
Entonces, cuando al sector privado se le pregunta si es necesario reducir a la mitad la nómina pública, la respuesta es que sí. Cuando se le pregunta si está en capacidad de emplear a todos esos trabajadores que quedarían en las calles, la respuesta no puede ser otra que “no”. Al final… todo sigue igual…