El uso del almacenamiento de data “en la nube” ha crecido de manera exponencial, estimándose que el mercado ha crecido en un promedio de casi un 60% cada año durante el último lustro.
El almacenamiento de data “en la nube” consiste en un servicio en el cual los datos de una empresa o persona se almacenan, se administran, y se respaldan de forma remota, típicamente en servidores que no son de la propiedad del usuario y no están ubicados en el país de origen de los datos, y dichos servidores son administrados por el proveedor del servicio.
El hecho de que la data de un usuario se encuentre guardada en un servidor que no es la propiedad del usuario y que, en la mayoría de los casos, no se encuentra físicamente en la misma ubicación geográfica del mismo, ha generado criterios encontrados respecto a la ley aplicable y su alcance en la materia. En este sentido, el tema es objeto de revisión en un caso litigioso que ha sido aceptado para revisión por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos.
En dicho caso, el tribunal considerará si los proveedores de servicios de almacenamiento de data “en la nube” tienen la obligación de cumplir con una orden judicial de entrega de información si la data se encuentra almacenada fuera de EEUU. La disputa, en la cual Microsoft y el gobierno federal de Estados Unidos son las partes envueltas, es el más reciente ejemplo de la dificultad de definir limitaciones y establecer fronteras cuando se trata de información, la cual, por su naturaleza, no tiene fronteras.
En el caso de Microsoft, en 2013 el gobierno federal le solicitó a un magistrado que fuera emitida una orden requiriendo la entrega de información de un cliente de Microsoft quien supuestamente estaba utilizando su cuenta de correo electrónico para realizar operaciones ilícitas. Una vez fue emitida dicha orden, Microsoft le entregó al Gobierno cierta información que se encontraba almacenada en sus servidores en los EEUU, pero no entregó los correos electrónicos en sí, los cuales, según Microsoft, se encuentran almacenados en un centro de cómputos en Irlanda.
El argumento de la empresa es que las órdenes judiciales emitidas en los EEUU no pueden tener un alcance extraterritorial. El tribunal de apelación le dio la razón a Microsoft, por lo que el gobierno federal apeló al máximo tribunal. Se espera una decisión a mediados del año 2018, y será relevante para establecer la posición de este importante país respecto a este novedoso tema jurídico.
